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Tras una visita de 10 días a Costa Rica, la relatora especial de la ONU* sobre el derecho a la salud declaró que la penalización del aborto en el país centroamericano no está en línea con las normas internacionales de derechos humanos y los protocolos clínicos.

Por ello, Tlaleng Mofokeng instó a llevar a cabo una reforma legal y señaló que estas restricciones “deben ser enmendadas para despenalizar el aborto”, aclaró.

Mofokeng declaró también este lunes que, a pesar de algunos retos, el país podría lograr una atención de salud verdaderamente universal. “Tanto los ciudadanos como los funcionarios públicos tienen un sentido de orgullo y nostalgia por un servicio de salud pública que funciona, y ahora es un momento oportuno para garantizar que la cobertura de salud sea verdaderamente universal”, declaró.

La experta** señaló que la formulación de ese derecho a la salud debe entenderse y expresarse como un derecho integral en la Constitución. “El derecho a la salud se relaciona no solo con el acceso a los centros médicos, sino también con los determinantes subyacentes de la salud”, dijo.

La experta felicitó el liderazgo de los funcionarios públicos por su buen hacer y gestión durante la pandemia de COVID-19 e hizo referencia a distintas políticas incluidas en los programas y los planes estratégicos nacionales que probaron su eficacia.

Aborto, migrantes y falta de datos

En cuanto a los migrantes y otras comunidades minoritarias, la relatora especial declaró que había tenido acceso a testimonios personales sobre el racismo y la xenofobia de las poblaciones migrantes, así como de los pueblos indígenas y las personas de afrodescendientes que viven en el país.

En este sentido, Mofokeng aseguró que “la falta de datos desglosados impide la capacidad de analizar completamente la situación de grupos específicos y, por lo tanto, adoptar políticas y asignar recursos desde una perspectiva de equidad”.

Durante su visita, la experta se reunió con funcionarios del Gobierno y representantes de la Defensoría de los Habitantes, organizaciones internacionales, sociedad civil, profesionales de la salud y comunidades indígenas, en las provincias de San José y Limón.

La relatora especial presentará su informe final, incluidas las recomendaciones claves, al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2024.