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Un estudio de la UOC ha analizado cómo la autopercepción de 23 mujeres se vio afectada tras sufrir violencia por parte de su pareja y su paso por el proceso judicial

Los resultados muestran el impacto psicológico negativo que tuvo para las víctimas interactuar con los profesionales del sistema de justicia

Muchas de las víctimas reconocen haberse sentido cuestionadas, juzgadas o no escuchadas

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y encuestas nacionales especializadas de la región, durante el 2021 entre el 60% y el 76% de las mujeres, es decir, alrededor de 2 de cada 3 mujeres, han sido víctimas de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima o vive violencia física y/o sexual por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal. A su vez, los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados son una práctica nociva y una manifestación de violencia de género persistente y extendida en la región y afectan a 1 de cada 5 niñas.

Las mayores tasas de asesinatos a mujeres en América Latina se registraron en Honduras, con 4,6 casos por cada 100.000 mujeres; República Dominicana, con 2,7 casos por cada 100.000 mujeres; El Salvador, con 2,4 casos por cada 100.000 mujeres; Bolivia, con 1,8 casos por cada 100.000 mujeres, y Brasil, con 1,7 casos por cada 100.000 mujeres.

Tras pasar por estas experiencias, algunas de estas mujeres se enfrentan a otra experiencia que puede resultar igualmente dolorosa: denunciarlas y pasar por el proceso judicial.

Con el estudio The Impact of Intimate Partner Violence on Women in Criminal Courts: Beyond the Victim-Survivor Dichotomy, Alazne Aizpitarte, Josep Maria Tamarit-Sumalla, Patricia Hernández-Hidalgo y Laura Arantegui Arràez, investigadores del grupo Sistema de Justicia Penal (VICRIM) de la UOC, analizan cómo la autopercepción de un grupo de 23 mujeres residentes en España se vio condicionado por la experiencia de sufrir violencia por parte de su pareja y por su interacción con profesionales del sistema judicial.

Un proceso que revictimiza

La experiencia de sufrir violencia, miedo e intimidación por parte de una pareja condiciona enormemente la autopercepción de las mujeres. Como resultado, muchas presentan sentimientos ambivalentes, baja autoestima y una complejidad psicológica que las coloca en una clara situación de vulnerabilidad, algo que se manifiesta cuando dan el paso de denunciarlo y de enfrentarse al proceso judicial.

“Es importante ser conscientes de que las víctimas de violencia de género llegan así, con esa “mochila emocional” al sistema de justicia penal”, explica Hernández-Hidalgo, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política y coautora del estudio. “El paso por este sistema no resulta inocuo para ellas, porque por su especial situación de vulnerabilidad emocional tienen mayor riesgo de ser victimizadas secundariamente por el propio sistema: muchas de ellas se sienten juzgadas y cuestionadas por los operadores jurídicos, no se sienten creídas, no entienden el funcionamiento del proceso ni la información que se les ofrece; sienten que tienen que demostrar su versión de los hechos y que deben encajar en un “perfil de víctima” débil, sumisa, pasiva. Pero, a la vez, se les exige que afronten la situación, rompan la relación y sigan adelante con fuerza”, añade.

Tal y como se explica en la investigación, el sistema judicial juega un papel crucial a la hora de asignar el papel de víctima a las mujeres que denuncian a sus agresores. “En este momento del proceso, la mujer es reconocida como víctima a ojos del sistema, y las instituciones en general se orientan a garantizar sus derechos sociales, laborales y económicos de modo paternalista”, señalan los investigadores.

Las mujeres que pasan por estos procesos son a menudo etiquetadas como víctimas o como supervivientes. A priori, el concepto de víctima se relaciona con adjetivos con connotaciones negativas como frágil, débil o dependiente, y el de superviviente con nociones más positivas, como la de empoderamiento o la capacidad de tener el control de su proceso de recuperación. Sin embargo, ambos conceptos funcionan como etiquetas que interfieren en el proceso de recuperación de la mujer y que determinan su experiencia en el sistema judicial y el modo en que son vistas por la sociedad.

“En nuestro estudio, hemos observado que la dicotomía entre víctima y superviviente resulta insuficiente para dar cabida a la compleja casuística existente. Lo que resulta verdaderamente importante e interesante es comprender que el proceso de sanación es individual de cada víctima, y que lo relevante es avanzar y no anclarse en el rol y la etiqueta de víctima”, señala la investigadora de la UOC. “Esto es lo que como sociedad deberíamos ofrecer a las mujeres maltratadas, sin etiquetarlas, sin juzgarlas, respetando sus tiempos, sus especiales circunstancias y el posicionamiento que cada una de ellas pueda tener respecto a su situación y su experiencia”.

El testimonio de 23 mujeres

El estudio The Impact of Intimate Partner Violence on Women in Criminal Courts: Beyond the Victim-Survivor Dichotomy se basa en la experiencia de 23 mujeres residentes en España que experimentaron violencia dentro de sus relaciones heterosexuales y que denunciaron los hechos. Sus relatos muestran grandes diferencias en el modo en el que vivieron el proceso y en su autopercepción.

Los resultados muestran el impacto psicológico negativo que en muchos casos tuvo para las víctimas interactuar con el personal del sistema de justicia: “Muchas reconocieron haberse sentido cuestionadas, juzgadas o no escuchadas”, señalan en el estudio, y añaden que algunas situaciones eran inherentes al proceso judicial (relativas, por ejemplo, a las implicaciones que tiene el principio de presunción de inocencia) y otras surgieron de factores no legales (como los prejuicios derivados de la visión patriarcal que se tiene de la mujer, como ser especialmente vulnerable y frágil).

Para el equipo investigador, estas narrativas revelan la tendencia del sistema judicial a reproducir la dinámica de atribución social de los rasgos de victimización. “Como sociedad, la imagen que tenemos de las mujeres maltratadas es la de mujeres débiles, vulnerables, pasivas y necesitadas de especial protección. Eso se resume en una visión de “buena víctima”, que encaja en las expectativas sociales y a la que se considera apta para acceder a los servicios asistenciales y a las ayudas”, explica Hernández-Hidalgo.

“Pero ¿qué sucede cuando alguna mujer maltratada no encaja en ese perfil? ¿Qué sucede cuando no presenta un aspecto desaliñado, ni decaído, ni débil, o cuando acude a declarar al juzgado arreglada y maquillada? Algunas de las mujeres que entrevistamos nos explicaron que, siendo ese su caso, se cuestionó su condición de víctima con frases como “Usted no da el perfil de víctima de violencia de género”. Ese tipo de situaciones son, sin duda, reprochables por el daño psicológico que añaden a esas mujeres y son la consecuencia de funcionar a base de clichés y etiquetas”, añade.

Las principales conclusiones

La principal conclusión del estudio es que la diversidad de experiencias no se puede limitar a la dicotomía entre víctima y superviviente y que en el sistema de justicia penal tiene mucha influencia el proceso de etiquetamiento a partir de clichés e ideas preconcebidas sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse una “buena víctima”.

Los sistemas basados en este punto de vista, reduccionista, no son adecuados ni suficientes para dar respuesta a las necesidades de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de género y, además, incrementan el riesgo de victimización secundaria.

Lo que sí ha demostrado resultar positivo para estas mujeres es librarse de su agresor, recibir ayuda psicológica y el propio paso del tiempo. En la mayoría de los casos, la experiencia durante el proceso judicial no les resulta de ayuda. No obstante, existen ciertas estrategias que pueden ayudar a que el sistema judicial sea un espacio más receptivo y sensible ante estos casos:

– Ofrecer formación especializada al equipo de profesionales del sistema de justicia.

– Crear servicios y puestos profesionales específicos para apoyar, formar y preparar a estas mujeres para que puedan hacer frente al impacto que les supone pasar por el proceso judicial.

– Brindarles formas de participar activamente en el proceso judicial sin sentirse abrumadas, para facilitar que se sientan capaces de afrontar la situación y actuar con determinación.

– Aplicar un enfoque de la sentencia que aborde el daño causado por el agresor y no se centre solo en el castigo.

“Una forma de mejorar los procesos sería superar la presunción de vulnerabilidad del género femenino para observar la realidad caso por caso. Tratar de ofrecer una respuesta lo más ajustada posible a cada mujer, eliminando la prohibición de mediación penal, pero dejando abierta su aplicabilidad a los casos en que sí fuera posible”, señala la investigadora de la UOC.

A la hora de mejorar este proceso y dar respuesta a las demandas de la sociedad, el sistema podría encontrar un apoyo importante en los resultados que se obtienen de las investigaciones académicas. Además, sería conveniente evaluar las intervenciones que se llevan a cabo, para analizar si las intervenciones están funcionando y qué aspectos deberían modificarse.

“En definitiva, escuchar a las mujeres que han vivido experiencias de violencia de género para conocer de forma directa cuáles son sus necesidades, los problemas a los que se enfrentan y las cuestiones que pueden mejorarse en relación con su atención y su asistencia”, concluye Hernández-Hidalgo.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 5, igualdad de género.

Artículo de referencia:

Alazne Aizpitarte, Josep Maria Tamarit-Sumalla, Patricia Hernández-Hidalgo & Laura Arantegui Arràez (2023): The Impact of Intimate Partner Violence on Women in Criminal Courts: Beyond the Victim-Survivor Dichotomy, Victims & Offenders, DOI: 10.1080/15564886.2022.2159904.