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El gobierno federal hizo público, el jueves (12), los gastos con la tarjeta corporativa de los expresidentes de la República entre 2003 y 2022. Regulada por un decreto federal, la tarjeta de gastos del gobierno se utiliza para el pago de gastos materiales y la prestación de servicios, como alojamiento, transporte y comida, por ejemplo.

Según el ministro de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (Secom), Paulo Pimenta, la divulgación de dicha información —que abarca los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Dilma Rousseff (2011-2016), Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro (2019-2022)— cumple con una determinación del Tribunal de Cuentas (TCU), tomada en noviembre del año pasado. Desde 2017, según el ministro, la corte discutía sobre cómo debía divulgarse esta información.

Según la Ley de Acceso a la Información, los datos que pongan en peligro al presidente y al vicepresidente, incluidos cónyuges y familiares, deben mantenerse confidenciales hasta el final del mandato.

“Una decisión [del TCU] del 30/11 determinó que la divulgación debe hacerse y con transparencia activa, por lo tanto, publicada en el sitio de transparencia del gobierno”, explicó Pimenta.

Para cumplir con la determinación, el gobierno anterior habría facilitado los datos hasta 2018, a finales de diciembre. El 6 de enero, con el fin del mandato de Bolsonaro, también se incluyeron los datos de 2019 a 2022.

La publicación de las cifras es también resultado de una solicitud de la agencia Fiquem Sabendo, especializada en el acceso a la información pública.

Según las planillas divulgadas, el expresidente Jair Bolsonaro, que terminó el mandato a fines del año pasado, gastó cerca de 27,6 millones entre 2019 y 2022 en la tarjeta corporativa. La mayor parte del gasto se refiere a alojamiento (R$ 13,7 millones), tanto en viajes nacionales como internacionales; y alimentación y compras de mercado (R$ 10,2 millones).

Recursos

De acuerdo con Paulo Pimenta, esos datos no se refieren a otros secretos que están bajo revisión por la Contraloría General. El 1 de enero, poco después de asumir el cargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto en el que determinaba a la CGU analizar la necesidad de mantener o levantar la confidencialidad de una serie de datos.

El ministro explicó que, en los últimos cuatro años, se denegó el acceso a más de 65.000 informaciones solicitadas los ciudadanos en el Portal de Transparencia. De éstas, restaban 2 mil informaciones, en las que los solicitantes interpusieron recursos, y que corresponderá a la CGU dar la última palabra. El órgano tiene hasta finales de este mes para emitir el dictamen, según el decreto de Lula.