• La pesca ilegal, la sobrepesca y el cambio climático contribuyen a las altas tasas de mortalidad en una de las profesiones más peligrosas del mundo

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Cada año se producen más de 100.000 muertes relacionadas con la pesca, según un nuevo estudio. Casi 300 pescadores mueren cada día, una estimación muy superior a todas las evaluaciones anteriores, según una investigación de la FISH Safety Foundation (FSF) encargada por The Pew Charitable Trust.

El importante número de decesos afecta de manera desproporcionada a los pescadores de bajos ingresos, incluidos los niños obligados a trabajar, y es resultado principalmente de condiciones de trabajo peligrosas y embarcaciones inseguras.

El FSF identificó varios factores responsables de la mortalidad de los pescadores, como la pobreza, los conflictos geopolíticos, la sobrepesca, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y el cambio climático. El IUU desempeña un papel importante, especialmente a medida que la demanda de proteína de pescado aumenta a nivel mundial. Los operadores ilegales industriales economizan e ignoran las reglas de seguridad, a la vez que contribuyen a la sobreexplotación de peces altamente rentables. Esto a su vez impulsa lo que se ha identificado como “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) por necesidad”, en la que los pescadores artesanales a pequeña escala son impulsados a romper reglas o a participar en actividades peligrosas y no reglamentadas a medida que se hace más difícil encontrar peces. Estas condiciones se ven agravadas por el cambio climático y la distribución cambiante de las poblaciones de peces.

“Si bien la pesca puede ser inherentemente riesgosa, la dura realidad es que muchas de estas muertes fueron y son evitables. Con 3.000 millones de personas que dependen de los productos marinos y una demanda que se espera que aumente, se necesitan con urgencia políticas más firmes para proteger a los pescadores, incluidas aquellas que se ocupan de los verdaderos factores que causan estos decesos”, afirmó Peter Horn, director del proyecto de pesca internacional de Pew, que se enfoca en poner fin y prevenir la pesca ilegal.

Eric Holliday, director ejecutivo de FSF, expresó: “Se ha especulado mucho que las estimaciones de mortalidad de pescadores han minimizado y ocultado el peligro de la pesca. Nuestro análisis es el primero de su tipo y demuestra de manera concluyente que la falta de transparencia en la industria pesquera pone en peligro la vida al ocultar el panorama completo de lo que ocurre en los buques o en las zonas de pesca, lo que dificulta a los gobiernos establecer políticas eficaces para mejorar la seguridad. Si bien es posible que nunca podamos identificar la cantidad exacta de pescadores fallecidos, esto debería servir como un llamado de atención a los gobiernos de que, para salvar vidas, se necesita una acción urgente que se base en mejores informes y en el intercambio de datos de mortalidad”.

Al revisar los datos de dominio público y consultarlos con periodismo de investigación y artículos periodísticos, redes sociales y comunicaciones privadas con funcionarios gubernamentales y otros, los autores del estudio pudieron presentar la imagen más completa hasta la fecha del número de muertes relacionadas con la pesca en todo el mundo.

Pero incluso con todas estas herramientas disponibles, sigue habiendo lagunas de datos, y es casi imposible cuantificar el número total. La insuficiencia e inexactitud de los datos ha dificultado que los encargados de tomar decisiones apliquen los cambios de política necesarios para garantizar la seguridad de los pescadores industriales y de subsistencia a nivel internacional, estatal y local.

Con base en los resultados del estudio, Pew insta a la acción en múltiples frentes. A nivel nacional, se necesita hacer más para implementar las medidas de seguridad de los pescadores y abordar los impulsores clave. Dados los niveles desproporcionados de mortalidad en las comunidades de bajos ingresos, se necesita con urgencia apoyo financiero y fomento de capacidades. A nivel internacional, los esfuerzos por mejores recopilación de datos, transparencia e intercambio de información ayudarán a los órganos rectores a comprender mejor los problemas que enfrentan los pescadores, cuantificar con mayor precisión los riesgos adicionales que presenta la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada y adoptar políticas para fortalecer las medidas de seguridad de los buques.

También se dispone de marcos normativos para poner fin a la pesca ilegal y proteger a los pescadores. Específicamente, los países deben ratificar y aplicar el Acuerdo de Ciudad del Cabo, aprobado por la Organización Marítima Internacional en 2012, que establece normas de seguridad para la construcción y el diseño de buques pesqueros; aplicar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO, dirigido a evitar que los peces capturados ilegalmente entren en la cadena de suministro de productos marinos; y seguir aplicando el Convenio C188 sobre el trabajo en la pesca de la OIT de 2007, que establece normas para las condiciones de vida a bordo de los buques en el mar. Los estados miembros de las organizaciones regionales de ordenación pesquera también deben establecer políticas claras que intensifiquen los esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y la sobrepesca.

“Afortunadamente, se dispone de una serie de herramientas que pueden ayudar a detener la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada industrial y a ayudar a disipar las preocupaciones en materia de seguridad en una de las profesiones más peligrosas del mundo”, agregó Horn. “Aunque no abordan todos los problemas, demuestran claramente la intención de solucionar este problema. Las autoridades internacionales también deben priorizar la contabilización de estos decesos. Solo a través de un panorama más claro de lo que está sucediendo en el agua los funcionarios pueden saber cuándo y dónde se necesita una acción más firme. Este estudio debería ser un claro llamado a las autoridades internacionales, los gobiernos nacionales y los operadores pesqueros de todo el mundo para que asuman responsabilidad por su parte del problema. Los pescadores ya no deben morir en la oscuridad, y los gobiernos ya no pueden ignorar las graves injusticias y desigualdades humanas que son resultado de la acción insuficiente en materia de pesca ilícita, no declarada y no reglamentada, la sobrepesca y el cambio climático”.