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La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó este viernes su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La reacción de Al-Nashif se produjo tras la aprobación por parte del Senado mexicano de un paquete de reformas legislativas por las que transfiere el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está plasmado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares.

“Las reformas dejan a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, afirmó.

La Alta Comisionada interina recordó que, pese al aumento constante de la militarización de las fuerzas de seguridad mexicanas desde 2006, esta situación no condujo a una reducción duradera de la criminalidad, sino que provocó un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

“Las fuerzas de seguridad deberían estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluida la rendición de cuentas”, afirmó.

Al-Nashif llamó a las autoridades mexicanas a potenciar “la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos”.

La Alta Comisionada interina calificó de “muy limitada” la participación y los debates públicos previos a la aprobación de la reforma por parte los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado.

Asimismo, expresó su preocupación por otras iniciativas en curso destinadas a aumentar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.