EL UNIVERSAL

No alcanzó 40% de participación ciudadana; ordena indagar anomalías. El ejercicio deja lecciones a nuestra joven democracia: Reyes Rodríguez

En sesión solemne, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la invalidez del ejercicio de revocación de mandato del pasado 10 de abril, toda vez que no se alcanzó 40% de la participación ciudadana que establece la ley.

El dictamen, donde se da por concluido el proceso de revocación, determina que no es procedente emitir la declaratoria de validez por no haberse alcanzado el requisito de participación ciudadana exigido por la Constitución, por lo que el ejercicio no es válido y carece de efectos jurídicos.

La primera consulta de revocación de mandato a la que se sometió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 10 de abril sólo contó con 17.7% de participación, lejos de 40% necesario para ser vinculante.

En la sesión previa, donde se desecharon las impugnaciones del presidente López Obrador y de los partidos de oposición, la magistrada Janine Otálora advirtió sobre el cúmulo de irregularidades que se presentaron durante el proceso.

“El hecho de que los más altos funcionarios y detentores de gubernaturas reten a las instituciones encargadas de velar por el orden democrático constitucional no es un buen augurio… Tampoco puede dejarse de lado el riesgo democrático al desincentivar la participación ciudadana con la amenaza de que el proceso pueda anularse”.

Según el dictamen presentado en la sesión de la información constatada, la participación de la ciudadanía en la jornada de revocación de mandato fue de 16 millones 502 mil 636 electores, lo que representa 17.77% de la Lista Nominal de Electores.

De esta participación, un millón 63 mil 209 de los votos emitidos eligieron la opción para que al Titular del Ejecutivo federal se le revoque el mandato por pérdida de confianza, es decir, 6.44% de la votación emitida.

Unos 15 millones 159 mil 323 votos eligieron la opción “que siga en la Presidencia de la República”, lo que equivale a 91.86%, y los 280 mil 104 votos restantes corresponden a votos nulos, lo que representa 1.70%.

“Como resultado de esta participación ciudadana, que fue menor al umbral requerido por la Constitución, no ha lugar a emitir la declaratoria de validez”.

En la sesión estuvieron presentes los titulares de Gobernación, Adán Augusto López; el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y presidentes de partidos como Mario Delgado, de Morena.

Hito histórico
El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que la revocación de mandato fue un hito en la vida política de México y como cualquier otro ejercicio inicial desplegó una serie de retos y lecciones para nuestra joven democracia.

“El proceso de revocación de mandato visibilizó que aún es necesaria la construcción de procesos más sólidos de democracia directa para hacerlos propios y percibir su utilidad social”, dijo.

Añadió que la Sala Superior instruyó al INE y a la Sala Regional Especializada, en el juicio de inconformidad correspondiente, para que investiguen y sancionen posibles actos irregularidades de servidores públicos que se denunciaron en este proceso.

Advirtió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República sobre conductas posiblemente ilícitas que quizá deba investigar.

El magistrado Rodríguez Mondragón expuso que si bien este proceso presentó desafíos inéditos también puso de manifiesto la capacidad de que gozan las instituciones electorales del Estado mexicano, al organizar procesos de participación ciudadana bajo estándares democráticos y resolver las controversias de forma pacífica en un Estado de derecho.

El INE, dijo, demostró su compromiso con nuestra democracia al llevar a cabo una labor encomiable, para lo cual contó con el respaldo de la ciudadanía, y así lo dejan ver la instalación de 57 mil 448 casillas, la participación de 11 mil 807 ciudadanos que vigilaron la jornada, así como la acreditación de 98 misiones de observación electoral extranjeras.