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La crisis económica desencadenó en Sri Lanka manifestaciones en su mayoría pacíficas que fueron creciendo con el paso de los días hasta culminar el 31 de marzo con una protesta masiva frente a la residencia presidencial. Al día siguiente, el gobierno declaró el estado de emergencia, anunció un toque de queda de 36 horas a partir de las 18:00 horas del 2 de abril y cerró las redes sociales durante 15 horas el día 3.

Muchos ciudadanos desafiaron el mandato y salieron a manifestarse durante el fin de semana para pedir la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa, encontrándose con una respuesta violenta.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró preocupación este martes frente a tales medidas al considerar que “tienen como objetivo reprimir o desalentar a las personas a expresar legítimamente sus quejas a través de protestas pacíficas e impedir el intercambio de opiniones sobre asuntos de interés público”.

Carencia de insumos esenciales

En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de la Oficina instó a las autoridades de Sri Lanka a calmar las tensiones pacíficamente, destacando la desesperación de la población ante la escasez de alimentos básicos y combustible, y los cortes de electricidad.

Liz Throssell explicó que estas carencias se suman a la inflación y la devaluación de su moneda, que se han agudizado en las últimas dos semanas.

“Esta situación dio lugar a más protestas de los habitantes de Sri Lanka, desesperados por el aumento del costo de vida y las dificultades para obtener artículos básicos”, recalcó Throssell.

Respetar los derechos humanos

La portavoz agregó que la dependencia de la ONU ha recibido denuncias de violencia excesiva e injustificada contra los manifestantes por parte de la policía.

Throssell recordó a las autoridades ceilandesas que las medidas relacionadas con los estados de emergencia “deben ajustarse a las leyes internacionales de derechos humanos”, deben limitarse a un nivel estrictamente necesario y ser proporcionales a la situación.

“Nunca deben utilizarse para sofocar la disidencia u obstaculizar la protesta pacífica”, dijo y añadió que la Oficina seguirá monitoreando con atención los acontecimientos.

Fomentar el diálogo

Por su parte, el portavoz adjunto de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, informó que la representante de la Organización en Sri Lanka le ha subrayado al gobierno de ese país que los derechos de reunión y asociación pacífica, así como de expresión son garantías fundamentales universales que ayudan a fomentar el diálogo entre los ciudadanos y el Estado.

El viernes pasado, Hanaa Singer Hamdy también exhortó a todas las partes a la moderación y la reducción de las tensiones, así como a evitar las confrontaciones violentas.

“Nuestro equipo de la ONU alienta a todos los ciudadanos a entablar un diálogo para encontrar soluciones pacíficas”, dijo Haq.

Advertencia de militarización

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ya había advertido en febrero pasado que Sri Lanka se estaba militarizando y que las instituciones del Estado no estaban abordando de forma efectiva las crisis económica para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la población.

Además, Michelle Bachelet había señalado con inquietud la respuesta negativa del gobierno a las voces críticas y disidentes, advirtiendo que esa cerrazón socavaba el espacio cívico.

“Pedimos al gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil entablar un diálogo inmediato, inclusivo y sustantivo para encontrar una solución a los apremiantes desafíos económicos y políticos que encara Sri Lanka y para evitar una mayor polarización”, apuntó la Alta Comisionada en su informe al Consejo de Derechos Humanos en esa ocasión.

Según despachos de prensa, las movilizaciones continúan en tanto el presidente Rajapaksa llama a la oposición a formar un gobierno de unidad luego de que más de 40 parlamentarios renunciaran hoy a su cargo, dejando al mandatario sin la mayoría en la Cámara. Antes, el jefe de Estado había solicitado la renuncia de su Gabinete.