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Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, la violencia contra excombatientes sigue siendo la mayor amenaza para su transición a la vida civil, según el último informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación de la ONU en el país, que abarca el periodo del 25 de septiembre al 27 de diciembre de 2021.

Desde la firma del Acuerdo, 303 excombatientes (10 mujeres) han sido asesinados, diez durante el periodo del informe, entre ellos, María Muñoz, excombatiente indígena del Cauca.

El documento revela que la violencia contra los líderes sociales, los excombatientes, y las comunidades se ha concentrado principalmente en 30 municipios, la mayor parte de ellos priorizados para la implementación del Acuerdo.

También destaca que, si bien los asesinatos de excombatientes han disminuido en un 27% en el último año, la Misión ha podido confirmar una tendencia creciente de amenazas por parte de grupos armados ilegales contra los que participan en iniciativas colectivas, afectando sus proyectos productivos y cooperativas.

Como ejemplo, recientemente, el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Macarena, Meta, debió ser trasladado de urgencia a Caquetá, tras el aumento de las amenazas de grupos armados ilegales.

En el informe, el Secretario General de la ONU resalta que el quinto aniversario del Acuerdo de Paz es una oportunidad para que los actores involucrados en la construcción de paz y la sociedad colombiana aborden el estado de la implementación, reconociendo los avances históricos, así como los enormes desafíos que persisten.

El valor de invertir en la paz

António Guterres señala que “Colombia está demostrando el valor de invertir en la paz y sirviendo al mismo tiempo de ejemplo de que se puede poner fin a los conflictos violentos a través del diálogo y que las sociedades pueden sanar las heridas de la guerra y ofrecer oportunidades de desarrollo a quienes más las necesitan”.

De hecho, de acuerdo con los datos que posee la Misión de Verificación, casi el 59% de los más de 13.000 excombatientes acreditados, incluyendo el 64% de las mujeres excombatientes, participan en proyectos productivos.

Guterres, que visitó el país en noviembre para observar de primera mano los avances en el proceso de paz, afirma que le alientan los beneficios de este, pero reitera su preocupación por las amenazas a su consolidación, especialmente la persistencia de la violencia en zonas priorizadas para la implementación.

El titular de la ONU señala que revertir esta tendencia requerirá de acciones más sostenidas y efectivas advirtiendo que, de persistir esta violencia, “esta oportunidad histórica podría cerrarse gradualmente”.

Sobre el proceso de reincorporación, el Secretario General destaca que entre los elementos más importantes del Acuerdo están los que crean las condiciones para la transición a la vida civil de excombatientes que dejaron las armas y siguen comprometidos con la paz, señalando que pudo escuchar sus esperanzas y preocupaciones de primera mano durante su visita.

Durante este periodo, el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó 8 proyectos productivos colectivos y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización aprobó 370 proyectos individuales.

Asesinatos de defensores de los derechos humanos

Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 34 defensores de los derechos humanos (siete casos verificados y 27 en proceso de verificación).

También, se documentaron siete masacres que dejaron 29 víctimas, sumando 56 matanzas y 222 víctimas en 2021.

Además, La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que, en 2021, aproximadamente 72.600 personas fueron desplazadas y 65.200 confinadas forzosamente, afectando notoriamente a comunidades indígenas y afrocolombianas.

En este sentido, el Secretario General reitera su llamado al Gobierno y a las entidades del Estado para que no escatimen esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo.

“Se requieren avances reforzados en todos los puntos, incluidas las disposiciones pendientes sobre garantías de seguridad, y una mayor presencia del Estado para hacer efectivo el potencial transformador del Acuerdo y permitir que las instituciones civiles proporcionen efectivamente los tan esperados bienes y servicios en todo el país”.

El informe menciona los avances en los preparativos para la implementación del mandato de la Misión sobre la verificación de las sanciones propias que emitirá la Jurisdicción Especial para la Paz y destaca que el Gobierno ha reafirmado su compromiso de brindar el apoyo y los recursos necesarios que esta necesita.

Asimismo, se destacan desarrollos importantes en el marco el trabajo de laJurisdicción Especial, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, incluido el reconocimiento de responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública acusados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Caso 03, conocido como el de “falsos positivos”, como se conoce en el país el hecho de que Ejército Colombiano comenzara a matar civiles a los que hacía pasar por guerrilleros con el objetivo de recibir remuneraciones económicas.

Esfuerzos de la sociedad civil por mantener viva la paz

Además, el Secretario General destaca los esfuerzos de la sociedad civil colombiana por mantener viva la llama de la paz.

“Encomio sus esfuerzos, en especial los de las mujeres colombianas que siguen trabajando incansablemente por la consolidación de la paz y los de las comunidades indígenas y afrocolombianas que, aún en medio de tremendas dificultades, trabajan por la resolución pacífica de los conflictos”.

En el informe, Guterres destaca el emotivo encuentro que sostuvo durante su visita con un grupo de víctimas y agrega que fue un poderoso recordatorio de que las víctimas están en el centro del proceso de paz.

“Su fuerza y generosidad deben ir acompañadas del compromiso genuino de todas las partes en el conflicto de contribuir a la verdad y reconocer sus responsabilidades”. En este sentido, el Secretario General reconoce una vez más el trabajo del sistema de justicia transicional y renueva su llamado a la plena cooperación y al respeto de este.

En referencia al proceso electoral del 2022, el Secretario General confía en que las y los colombianos y dirigentes políticos del país puedan reconocer que el logro de una paz duradera no puede seguir siendo motivo de desacuerdo.

“Dado el devastador costo humano de más de cinco décadas de conflicto entre el Estado y las antiguas FARC-EP, es una obligación moral garantizar el éxito de la paz en Colombia, que tanto ha costado conseguir”, concluye el Secretario General.