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La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos señaló este martes que las elecciones generales del pasado 7 de noviembre brindaban una oportunidad para que Nicaragua “diese un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos”, pero que el deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses de participar en las elecciones.

Una situación a la que hay que añadir la reforma electoral del 4 de mayo y la restricción a los derechos de libertad de expresión y asociación, dijo Al-Nashif durante un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos donde actualizó sobre la situación de las garantías fundamentales en la nación centroamericana.

“Para que unas elecciones cumplan debidamente su objetivo público, es esencial que las autoridades garanticen un entorno seguro y propicio para que los candidatos expongan, expliquen y promuevan sus visiones y propuestas políticas para el país, y para que los votantes, a su vez, expresen libremente su voluntad sin limitaciones arbitrarias”, explicó.

La Oficina de la Alta Comisionada documentó la detención arbitraria entre mayo y octubre de por lo menos 39 líderes políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, junto a siete precandidatos.

Durante el fin de semana electoral en noviembre y en los días siguientes también documentó la detención de otros ocho hombres y dos mujeres activistas. Solo dos hombres y una mujer habrían sido liberados y el resto continúan detenidos en régimen de incomunicación

Hay que reparar el Estado de derecho

La alta comisionada adjunta instó al Gobierno de Nicaragua a restablecer “urgentemente los derechos y las libertades públicas y el Estado de derecho imparcial”, y también a adaptar “plenamente su legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos.

Al-Nashif llamó al ejecutivo nicaragüense a comprometerse con este organismo, junto con los Procedimientos Especiales* y a otros mecanismos de protección de los derechos humanos que forman parte del sistema de las Naciones Unidas.

En relación con esta última solicitud, pidió la libertad inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y que recuperen sus derechos civiles y políticos, el restablecimiento de la personalidad jurídica de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil que les fue despojada arbitrariamente.

Asimismo, solicitó acabar con el enjuiciamiento y el hostigamiento a los opositores políticos, los periodistas, los abogados y los defensores de los derechos humanos “por su opiniones y creencias”, y a garantizar “la rendición de cuentas, la búsqueda de la verdad y la reparación integral de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018.

“A través de este Consejo, la comunidad internacional puede ayudar a Nicaragua a restablecer el Estado de derecho y las instituciones democráticas”, expuso Al-Nashif. La alta comisionada adjunta pidió al Consejo mantenerse “atento a la situación de los derechos humanos” en ese país, y que “considere todas las medidas a su alcance” que fomenten la rendición de cuentas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018.

Igualmente, llamó al Gobierno de Nicaragua a crear “las condiciones necesarias y propicias para un diálogo nacional” en base a “una hoja de ruta con compromisos claros”, y que conceda, tanto a la Oficina de la Alta Comisionada como a otros mecanismos de derechos humanos, “el acceso necesario al país para cumplir debidamente con sus mandatos”.

Nicaragua no acepta el informe

Durante la réplica como país interesado por parte de Nicaragua, la fiscal general de la República Wendy, Carolina Morales Urbina, no aceptó la actualización oral e indicó que la intervención “no es más que una repetición de noticias alejadas de la verdadera realidad; representando estas, una agresión unilateral en contra del pueblo nicaragüense y su gobierno legítimamente constituido”.

Morales Urbina calificó las palabras de la alta comisionada adjunta como “una prueba de que la Oficina liderada por Michelle Bachelet “no actúa con justicia y equidad”.

La fiscal general denunció sanciones “agresivas e ilegítimas” por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea y demandó que el Consejo se pronuncie “en defensa de los Derechos Humanos de los nicaragüenses” para detener los embargos.