Hipólito Contreras

El meollo de las discusiones de legisladores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados en torno de la Miscelánea Fiscal 2022 obedece a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha vaciado las arcas económicas nacionales hasta el “punto cero”. Esto lo obliga a “buscar dinero hasta debajo de las piedras” para mantener vigentes sus supuestos grandes proyectos de infraestructura y sus diversos programas sociales para los próximos tres años.

Según el analista Pascacio Taboada Cortina, el presidente acabó en poco tiempo con los fondos de los fideicomisos, redujo año con año el Presupuesto de Egresos de la Federación hasta en sectores que en otros tiempos se catalogaron como prioritarios, entre ellos el desarrollo productivo del campo, la pequeña y mediana industria, a lo cual se agregó una muy alta cantidad de trabajadores informales en cierta forma obligados por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de Covid 19.

El presidente López Obrador está empeñado en impulsar a Petróleos Mexicanos, a la refinería “Dos Bocas” y al “Tren Maya”, así como al aeropuerto de Santa Lucía y la construcción de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar.

Igualmente, no ha cesado de inyectar recursos a los programas sociales de “Sembrando Vida” y “Jóvenes construyendo el futuro” sin una planeación que asegure beneficios en el corto y mediano plazo.

Cabe señalar que, en un marco catastrófico provocado por la pandemia de Coronavirus –que no ha sido vencida hasta ahora ni podemos ‘cantar victoria’—lo que procedería es una política de estímulos fiscales de cobertura amplia para todos los sectores que integran nuestra economía.

Urge restaurar el crecimiento económico, reactivar el esquema de empleo y mejorar el ingreso de los trabajadores, después de que nuestro país registró una baja notable en el Producto Interno Bruto (PIB) del 8.5 por ciento en 2020, lo cual provocó que el número de pobres aumentara en 4 millones de personas, para llegar a más de 50 millones de mexicanos en esa condición.

El gran reto en esta materia, es recuperar ese porcentaje del PIB y de allí partir hacia el crecimiento, sin poder determinar en qué índice, aunque el gobierno federal no deja de señalar que se estima un crecimiento económico del orden del 6.2 por ciento en 2021. De lograrlo, sería una verdadera hazaña, porque primero tendría que recuperar ese decremento de 8.5 por ciento de 2020.

A estas fechas, el saldo rojo sanitario indica que ha habido cerca de 300 mil fallecimientos en poco más de año y medio de acuerdo con números oficiales, y de unos 600 mil, incluyendo muertes por enfermedades relacionadas con el virus o por haber dejado de atender los males endémicos. Hay que añadir a estos números, alrededor de 3.7 millones de contagiados, con el saldo nada apreciable de llevar a México a un cuarto lugar mundial en decesos y contagios.

Con referencia al sistema tributario discutido esta semana en la Cámara de Diputados, a partir de enero de 2022 será obligatorio que jóvenes de 18 años de edad, se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Fueron cuatro días de discusiones, donde hubo protestas y hasta golpes entre diputados y diputadas de diversos partidos. Al final se desahogaron más de 500 reservas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal sobre Impuesto de Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Se creó un Nuevo Régimen Simplificado de Confianza en el que tributarán todos los pequeños contribuyentes, a partir de enero de 2022. Se aplicará a personas físicas con actividad empresarial, emprendedores y pequeños negocios, como estéticas, talleres mecánicos, peluquerías, papelerías, taquerías, entre otros, cuyos ingresos no superen los 3.5 millones de pesos anuales.

Estarán en el Régimen de Sujetos no obligados, mientras permanezcan fuera del mercado laboral. Así, no presentarán Declaración Anual ni pagarán impuestos. También se impone un tope a las donaciones a organizaciones de la sociedad civil y todo lo que rebase el tope, pagará impuestos.