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Es imperativo abordar el actual déficit de vacunas a escala mundial y la escasez de trabajo decente a fin de evitar una década perdida para los trabajadores y las trabajadoras.

En vísperas de las reuniones, el FMI amplió la condonación de ciertas amortizaciones de crédito y dio un paso crucial al distribuir 650.000 millones de dólares en nuevos Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo de reserva internacional. Esta asignación ya ha proporcionado la liquidez que tanta falta hacía y ha permitido liberar recursos para dar respuesta a la crisis en los países en desarrollo.

Los beneficios pueden optimizarse mediante la reasignación de DEG por parte de los países de altos ingresos hacia los países en desarrollo necesitados. En las reuniones anuales, los Gobiernos y el FMI acordaron crear a tal fin un Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad. El Banco aumentó en 8.000 millones de dólares su financiamiento de vacunas y está actualizando su estrategia en materia de empleo y protección social.

Medidas enérgicas

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, ha declarado: “En los próximos meses, las vacunas y el alivio de la deuda para los países en desarrollo son aspectos urgentes para una recuperación impulsada por el empleo. A ello contribuirá también la adopción de medidas enérgicas que propicien la protección social universal y la creación de empleo en el marco de la transición a una economía mundial con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.

“El FMI debe activar de inmediato el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad y utilizarlo para respaldar una transición justa mediante la creación de empleo respetuoso con el clima. Para alcanzar sus objetivos de prosperidad compartida y poner fin a la pobreza extrema, el enfoque del Banco con respecto a la protección social y al empleo debe ajustarse a las normas internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ambas instituciones deben considerar claramente el empleo pleno y decente como referencia para todas las políticas”.

El movimiento sindical mundial ha propuesto en una declaración una serie de medidas exhaustivas para que las instituciones financieras internacionales apoyen una recuperación y transición justas, agilizando en particular la producción y la distribución de vacunas y situando el diálogo social y los derechos laborales en el centro de la acción climática. En la declaración se solicita la suspensión o eliminación de los recargos que se aplican a los préstamos del FMI, los cuales suponen una carga injusta para los países en crisis. Los debates han avanzado pero no se ha adoptado ninguna decisión.

Respetar las normas del trabajo

Las normas del trabajo del Banco Mundial y de su brazo del sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), son una vía importante a través de la cual la institución ha prometido proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras empleados en los proyectos que financia. No obstante, hace más de un año que no interviene, tras los despidos de los líderes sindicales del Sheraton Grand Conakry, financiado por la CFI, en represalia por haber formado un sindicato.

En respuesta a la pandemia, el Banco ha ampliado el uso de los préstamos para políticas de desarrollo. Estos préstamos proporcionan dinero a los Gobiernos si llevan a cabo reformas políticas y no están sujetos a salvaguardias laborales.

“Solicitamos a las instituciones financieras internacionales que promuevan y respeten las normas internacionales del trabajo y se rijan por el ODS 8 en todas las operaciones. Las instituciones deben tomar medidas inmediatas en este sentido, como por ejemplo que el Grupo del Banco Mundial consolide la aplicación de salvaguardias y compruebe que todos los préstamos para políticas de desarrollo se ajusten a los convenios de la OIT.

“El Fondo puede adoptar procedimientos para el asesoramiento en materia de políticas y préstamos que garanticen el respeto de los derechos fundamentales del trabajo, en particular la negociación colectiva, y que aborden sistemáticamente la desigualdad. Para estar a la altura del momento, ambas instituciones deberían actualizar sus estrategias en cuanto a crecimiento inclusivo, empleo y protección social”, concluyó Burrow.