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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a los Estados a adoptar una estrategia “transformadora” para erradicar el racismo sistémico que asola al mundo.

Michelle Bachelet presentó este lunes un informe que lista una serie de violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y derechos políticos que sufren a diario las personas afrodescendientes en distintos países y jurisdicciones.

El estudio respondió a una disposición del Consejo de Derechos Humanos, que tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos, ordenó en junio del año pasado un análisis exhaustivo del racismo sistémico, las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos de los africanos y los afrodescendientes por los agentes del orden, las respuestas gubernamentales a las protestas pacíficas contra el racismo y la rendición de cuentas y las reparaciones a las víctimas.

Los resultados del informe revelaron que si bien hay un reconocimiento “largamente postergado” del racismo forzado por la movilización mundial a favor de la justicia racial, hace falta una respuesta sistémica por tratarse de un problema sistémico.

Estrategia amplia

“El status quo es insostenible. Es preciso aplicar una estrategia amplia y no un enfoque fragmentario para desmantelar sistemas basados en siglos de violencia y discriminación. Necesitamos un enfoque transformador que aborde los ámbitos interconectados que impulsan el racismo y desembocan reiteradamente en tragedias que podrían evitarse, como la muerte de George Floyd”, dijo Bachelet.

El informe -basado en consultas con más de 340 personas, la mayoría afrodescendientes; e información de los Estados, material del dominio público y consultas con expertos-, resalta las desigualdades y la marcada marginación política y socioeconómica que afecta a los afrodescendientes en numerosos Estados.

Destaca que particularmente en Norte y Sudamérica y Europa, es desproporcionada la cantidad de personas que vive en la pobreza y enfrenta grandes obstáculos para ejercer sus derechos a la educación, a la salud, el empleo, la vivienda adecuada, el agua potable y la participación en la vida pública, entre otras garantías fundamentales.

Deshumanización de las personas afrodescendientes

El texto examina las muertes a manos de los agentes del orden ocurridas en diversos países con distintos sistemas jurídicos y concluye que existen pautas y similitudes “sorprendentes”, entre las que cita las barreras que las familias afrontan para acceder a la justicia.

Explica que la deshumanización de las personas afrodescendientes ha reforzado y fomentando la tolerancia de la discriminación racial, la desigualdad y la violencia.

Frente a estos hallazgos, la Alta Comisionada exhortó a los Estados a “dejar de negar y comenzar a desmantelar el racismo”.

“A que pongan fin a la impunidad y fomenten la confianza, a que escuchen las voces de las personas afrodescendientes, a que afronten los legados del pasado y procuren una justicia reparadora”, enfatizó Bachelet.

Los datos oficiales relacionados con las muertes de afrodescendientes a manos de la policía son escasos en muchos países; sin embargo, la información disponible muestra una discriminación alarmante de esas personas cuando encaran a agentes del orden y al sistema de justicia penal de muchos países.

El estudio plantea tres escenarios en los que suelen producirse las muertes relacionadas con la acción policial: el primero es la actuación de las fuerzas del orden ante delitos leves, en controles de tráfico y en otros controles policiales; el segundo es la intervención de agentes en la respuesta inicial ante una crisis de salud mental, y el tercero es la realización de operaciones policiales especiales, en operaciones de la “guerra contra las drogas” o relacionadas con pandillas.

Impunidad

La información a la que tuvieron acceso los autores del informe sugiere que en numerosos de los casos que examinaron las víctimas no representaban una amenaza inminente de muerte o lesiones graves ni para los agentes del orden ni para el público, por lo que no se justifica el grado de fuerza utilizado.

El examen de los 190 casos de muertes contenido en el informe demostró que los agentes de policía rara vez tuvieron que rendir cuentas por los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las personas afrodescendientes.

Fueron muy pocas las excepciones en las que las pesquisas, los procesamientos, los juicios y las decisiones de los tribunales tuvieron en cuenta el factor de discriminación racial, estereotipos y prejuicios institucionales en los asesinatos.

El estudio analizó minuciosamente siete casos representativos: Luana Barbosa dos Reis Santos y João Pedro Matos Pinto, en Brasil; George Floyd y Breonna Taylor, en Estados Unidos; Kevin Clarke, en el Reino Unido; Janner (Hanner) García Palomino, en Colombia; y dama Traoré, en Francia.

Michelle Bachelet señaló que las familias de las víctimas le han hablado de su sufrimiento en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, y de la oprobiosa presunción de que sus seres queridos, de algún modo, ‘se lo merecían’. “Es desolador que el sistema no las apoye. Eso debe cambiar”, puntualizó.

El informe expone las preocupaciones por “la vigilancia excesiva de que son objeto las personas y las comunidades negras, que les hace sentirse amenazadas en vez de protegidas”, y menciona la criminalización de los menores afrodescendientes como uno de los problemas fundamentales.

Represión de las protestas contra el racismo

Asimismo, da cuenta de denuncias verosímiles acerca del trato diferenciado y el uso de fuerza innecesaria y desproporcionada en el contexto de las protestas contra el racismo, en particular en Estados Unidos, donde se arrestó a un gran número de manifestantes, a quienes los agentes se refirieron como “terroristas” y “anarquistas y agitadores enfermos y degenerados”.

El informe señala que, si bien se retiraron los cargos contra la mayoría de los detenidos, “la represión de las protestas antirracistas en algunos países debe considerarse dentro de un contexto más amplio, en el que las personas que luchan contra el racismo sufren represalias, acoso, intimidación y a veces son víctimas de la violencia”.

“Debemos garantizar que se escuchen las voces de quienes luchan en pro de la justicia racial y la igualdad de las personas afrodescendientes y que se tomen medidas al respecto”, apunta el texto, y añade que el activismo de la sociedad civil es “decisivo para impulsar las ideas y los objetivos deseados en el espacio público, como método constructivo para promover el cambio”.

“El movimiento Black Lives Matter [Las vidas negras importan] y otras agrupaciones de la sociedad civil han proporcionado modelos de liderazgo que se fundan en escuchar a las comunidades”, afirmó Bachelet. “También están proporcionando a las personas el empoderamiento y las capacidades necesarias para reclamar sus derechos humanos. Esos esfuerzos deberían recibir financiación, apoyo y reconocimiento público”.