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Las Naciones Unidas en Colombia rechazan y condenan vehementemente la violencia ejercida en contra de comunidades, personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, así como excombatientes de las antiguas FARC-EP, situación que se ha agravado en las últimas semanas.

Por lo mismo, reitera el llamado del Secretario General, António Guterres, al cese inmediato de hostilidades que permita avanzar en los esfuerzos de recuperación en el país en medio de la pandemia por la Covid-19, e insta a que se refuercen las medidas para salvaguardar de manera efectiva la vida y los derechos de todas las personas en los territorios afectados por el conflicto y la violencia.

La Organización ve con especial preocupación la problemática que atraviesa el departamento del Cauca, donde se evidencia el deterioro de la situación de derechos humanos y seguridad con desplazamientos forzados y ataques en contra de comunidades y autoridades étnicas, así como afectaciones a la fuerza pública, en hechos ocurridos durante los meses de marzo y abril del año en curso.

El asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena del resguardo La Laguna, en Caldono, y el posterior ataque armado en contra de la comunidad indígena a la cual pertenecía -donde resultaron heridas decenas de personas-, son algunos de los hechos ocurridos recientemente en este departamento.

Asesinatos de excombatientes

De igual forma, preocupa el aumento de los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC-EP en diferentes regiones del país. Durante la última semana fueron asesinadas siete personas en proceso de reincorporación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá Chocó, Guaviare y Meta.

Estos hechos violentos, con serios impactos en la vida de las personas y de las comunidades, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, economías ilícitas, donde se da el reclutamiento de menores y con una limitada presencia del Estado.

Precisamente, este uno de los aspectos más destacados del último informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el país sudamericano en el que António Guterres exponía que para hacer realidad la promesa de una paz duradera es necesario consolidar una presencia integrada del Estado en todo el país.

Tal presencia debe incluir a aquellos que tienen la responsabilidad de la promoción y protección de los derechos humanos.

La ONU reitera su solidaridad con todas las víctimas y continuará acompañando a las comunidades, a las autoridades étnicas y a los entes del Estado para hacer frente a estas preocupaciones comunes, superar el conflicto y avanzar en la consolidación de la paz.

Hechos positivos

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia recordó al Consejo de Seguridad el miércoles pasado que las víctimas están en el centro del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.

Carlos Ruiz Massieu señaló que el 9 de abril las autoridades colombianas reportaron la capturara del presunto responsable de los homicidios de una lideresa social y de dos excombatientes.

“Este es un resultado positivo que resalta la importancia de redoblar esfuerzos por parte de los entes estatales vinculados a la lucha contra la impunidad y de garantizarles recursos financieros y técnicos apropiados”, dijo Ruiz Massieu, para quien “es urgente” que la implementación de políticas y medidas tomadas por el Estado –incluido el recientemente adoptado Plan Estratégico de Seguridad y Protección para personas en proceso de reincorporación– se traduzca en mejores resultados, especialmente en los 25 municipios que concentran la mayor parte de esta violencia.

Basado en esos hechos positivos, expresó su esperanza de que “al cierre de 2021 podamos reportar que la tendencia de estos reprochables crímenes ha sido finalmente revertida”.