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La relatora* especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, ha instado este viernes a Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela.

Al final de una visita de dos semanas al país, Douhan señala en sus conclusiones preliminares que “las sanciones han exacerbado las calamidades preexistentes”.

Además, han tenido como resultado una crisis económica, humanitaria y de desarrollo, con un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente pero no solo en las personas que viven en la extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidades o enfermedades crónicas y las poblaciones indígenas.

“El efecto devastador de las sanciones impuestas se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales y a las empresas de terceros países”, dijo Douhan, agregando que “las exenciones humanitarias son largas, costosas, ineficientes e ineficaces”, señala la experta.

“La falta de maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gasolina, alimentos y medicinas, la creciente insuficiencia de trabajadores calificados, muchos de los cuales han abandonado el país en busca de mejores oportunidades económicas, en particular personal médico, ingenieros, maestros, profesores, jueces y policías, todo ello tiene un impacto enorme en todas las categorías de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo”, explica la relatora.

“Debido a la complejidad de la situación, busqué encontrarme con la más amplia variedad de personas para escuchar su experiencia y sus conocimientos. Me reuní con funcionarios gubernamentales, diplomáticos, agencias internacionales, líderes de la oposición, organizaciones no gubernamentales, abogados, médicos, maestros, académicos, víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de empresas privadas y de la iglesia, así como gente común”, informó Douhan.

Las sanciones más severas de Estados Unidos

Las sanciones se impusieron por primera vez contra Venezuela en 2005 y se han reforzado severamente desde 2015, siendo las más severas las impuestas por Estados Unidos.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos acusados, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, restringir la libertad de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior.

En 2017, ese mismo país impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida Petróleos de Venezuela (PDVSA), bloqueando sus transacciones y acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, después de las elecciones presidenciales venezolanas, endureció sus sanciones, citando mala gestión económica, corrupción, represión de opositores políticos y esfuerzos por socavar la democracia.

La relatora hizo un llamado a los países para que observen los principios y normas del derecho internacional y les recordó que las preocupaciones humanitarias siempre deben tenerse en cuenta con la debida observancia al respeto mutuo, la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo.

La relatora especial ha tomado nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos del 21 de enero de 2020 de revisar las sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de otra decisión tomada por el nuevo Ejecutivo del 2 de febrero de 2021 para aliviar las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

No obstante, Douhan recordó que “las medidas unilaterales solo son legales si están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, o se utilizan como contramedidas, o no violan ninguna obligación de los Estados, y no violan los derechos humanos fundamentales”.

Por su parte, la Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, que incluían un embargo de armas, una prohibición a las exportaciones de bienes que podrían usarse para la represión interna, una prohibición a las exportaciones de tecnología y material fabricado para el monitoreo o interceptación de telecomunicaciones, y prohibiciones de viaje y el bloqueo de los activos de personas cuyas acciones sean consideradas por este bloque como encaminadas para socavar la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

Otros países, como Canadá, México, Suiza, Panamá y los 14 integrantes del llamado Grupo de Lima han impuesto algún tipo de sanción o restricciones a Venezuela.

Impacto sobre el disfrute de los derechos humanos

La relatora observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico de Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias preexistentes al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela.

La experta observa con preocupación que la ausencia de recursos y la renuencia de los socios extranjeros, los bancos y las empresas de mensajería para tratar con socios venezolanos resulta en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, reactivos y repuestos para la reparación y mantenimiento de la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, la telefonía y los sistemas de comunicación, las escuelas, los hospitales, las casas y otras instituciones públicas, socavando así el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, el salario promedio del sector público se estima en dos o tres dólares por mes, lo que cubre menos del 1% de la canasta básica de alimentos, colocando alrededor del 90% de la población en el nivel de pobreza extrema y haciendo que las personas dependan cada vez más del apoyo social del Gobierno, así como ayuda humanitaria exterior.

Douhan observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de las personas en la economía sumergida, afectando de primera mano a especialistas de alto nivel del sector público, incluidos médicos, enfermeras, profesores, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluidos los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluido el seguro social, y a un nivel de vida adecuado.

La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores.

A la relatora, también le preocupa, entre otros aspectos sanitarios, que la falta de médicos y enfermeras y de suficientes medicamentos, equipo médico, repuestos, actualizaciones de software relevantes, vacunas, pruebas, reactivos y anticonceptivos inicialmente cubiertos en su mayoría por el Gobierno, resulte en la violación del derecho a la salud.

Otro motivo de preocupación es la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, ya que viola la libertad de circulación, impide el acceso a hospitales, escuelas y otros servicios públicos, agrava los desafíos en la entrega y distribución de alimentos y suministros médicos, especialmente en zonas remotas del país, afectando, entre otras cosas, a la población indígena, y provoca retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil.

Además, subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de útiles escolares, uniformes escolares y alimentación en la escuela, que solía ser proporcionada por el Gobierno, los problemas de transporte, la falta de electricidad y la reducción de la cobertura de Internet y telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación.

Las razones anteriores, así como la imposibilidad reportada de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión.

Recomendaciones

Entre sus recomendaciones, la experta en derechos humanos destaca que las preocupaciones humanitarias siempre deben prevalecer sobre las políticas y que las medidas unilaterales solo pueden tomarse teniendo debidamente en cuenta el estado de derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario.

Además, deben cumplir con las obligaciones legales internacionales de los Estados; y sólo puede aplicarse en el curso de contramedidas internacionalmente legales.

La relatora recuerda que se realizarán evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como “daño colateral”.

Douhan subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones extraterritorialmente e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional sobre Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones a suministros de diésel que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

También insta a todos los Estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, para garantizar la posibilidad de que los funcionarios estatales de Venezuela representen al Estado sobre la base de la principio de igualdad soberana de los estados, y garantizar los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, garantías procesales, acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

En concreto, pide a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos correspondientes a descongelar activos del Banco Central de Venezuela para la compra de medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias. del pueblo de Venezuela y la restauración de los servicios públicos a través y bajo el control del PNUD y otras agencias de la ONU.

Recomendaciones van dirigidas al Gobierno de Venezuela

Si bien reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre el amplio alcance de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, la relatora llama al Gobierno de Venezuela y a la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos para implementar plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, fortalecer la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el terreno y organizar visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

También insta al Gobierno de Venezuela, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a otras agencias de la ONU y a la Oficina de Derechos Humanos en Venezuela a negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de instituciones internacionales para que se haga con independencia de la raza, género, nacionalidad, edad, creencias religiosas u opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta los grupos con necesidades especiales.

Finalmente pide al Gobierno de Venezuela, en colaboración con las agencias de la ONU en Venezuela, a terminar de redactar una legislación clara y no discriminatoria que habilite y facilite el trabajo humanitario de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal.

Al mismo tiempo, recuerda la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con estándares de actividad puramente humanitaria.

La relatora tiene previsto publicar un informe completo sobre su misión en septiembre de 2021.