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Los expertos indicaron que Argentina decidió priorizar el interés superior de los menores y su decisión ha sentado un precedente que demuestra que el uso del mecanismo de quejas individuales ante la Comité puede prevenir violaciones a los derechos de los niños.

La madre de los menores, Rosario, es una ciudadana peruana que inmigró a Argentina el año 2000 y fue detenida al entrar al país por posesión de estupefacientes, sentenciada a prisión y sujeta a posterior expulsión.

Tras su puesta en libertad el año 2003, la Dirección Nacional de Migraciones Argentina solicitó su deportación al año siguiente. La mujer apeló la decisión hasta llegar a la Corte Suprema.

Durante el proceso judicial, la mujer conoció a su pareja, con quien tuvo dos hijas, y un hijo nacido el año pasado. Rosario notificó a las autoridades del nacimiento de sus hijos y alegó que su deportación violaría los derechos de los menores.

La Corte Suprema rechazó la revisión del caso y confirmó la expulsión de Rosario, por lo que sus tres hijos presentaron una queja ante el Comité en julio del 2019.

El Comité actuó de inmediato y solicitó a Argentina que tomará medidas provisionales para frenar la deportación, recalcando el daño irreparable que causaría a la separación de los menores de su madre. Las autoridades del país suspendieron la deportación y otorgaron residencia permanente a Rosario en julio del año 2020.

La presidenta del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones Individuales y miembro del Comité, Ann Skelton señaló que “si Rosario hubiera sido deportada, sus hijos habrían tenido que ser separados de su madre u obligados a dejar Argentina, el único país que conocen, su país de nacionalidad y nacimiento”.

Skelton añadió que cualquiera de las dos opciones anteriores habría supuesto un impacto “en la integridad personal, la identidad y el desarrollo de los niños”.

“Encomiamos a Argentina por tomar el interés superior del niño como una consideración primordial para reevaluar la deportación, y por reconocer la naturaleza vinculante de las medidas provisionales solicitadas por el Comité de los Derechos del Niño,” concluyó la experta.