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El representante para Sudamérica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió este miércoles con gran preocupación a las tensiones en la región de la Araucanía, donde se han producido enfrentamientos entre integrantes del pueblo indígena mapuche y los carabineros, incendios de distinta índole, ocupaciones de recintos públicos y desalojos por medio de la fuerza.
Jan Jarab reportó también que se han observado expresiones de odio, discriminación racial y violencia por parte de civiles contra los indígenas mapuches.
Jarab afirmó que el único camino frente a estas tensiones continuas es un diálogo “participativo y de buena fe” que aborde las causas profundas de flagelos como “la discriminación estructural” y otros asuntos pendientes en la esfera de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
“Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaria lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos”, enfatizó.
Enfoque intercultural
En este sentido, pidió a las autoridades chilenas que realicen una investigación “pronta, independiente y exhaustiva de los hechos”, sobre todo de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche.
El representante subrayó, no obstante, que es igualmente importante abordar la problemática “desde un enfoque multidimensional, con énfasis en la interculturalidad”.
Asimismo, manifestó alarma por el estado de salud de varios comuneros mapuches privados de libertad que actualmente se encuentran en huelga de hambre, y consideró urgente superar dicha situación a través de diálogos participativos.
Por otra parte, Jarab reconoció la aprobación reciente por parte de la Gendarmería de Chile de disposiciones relacionadas con la pertinencia cultural y religiosa en el ámbito penitenciario, que incluye estándares internacionales de interculturalidad.
Destacó que ese ajuste normativo surgió del diálogo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y varios actores sociales e institucionales, incluida la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Para concluir, Jarab señaló que pese a la situación en la región austral chilena, es posible llegar a acuerdos y cumplir con las normas internacionales, incluidas las laborales.
“Nuestra Oficina continúa a disposición para apoyar en la búsqueda de estas soluciones, con base en los derechos humanos”, recalcó.
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