Staff/Rosi

El Sistema Universitario Jesuita se une a las expresiones de solidaridad con la familia de Christian Alfonso Rodríguez, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecido junto con otros 42 estudiantes. La identificación de Christian se notificó ayer a la sociedad mexicana. Nos unimos al dolor de sus familiares y de las familias de los otros normalistas aún desaparecidos; al mismo tiempo, hacemos un reconocimiento a su incansable búsqueda y a su exigencia constante de sus derechos a la verdad y la justicia.

La identificación basada en la prueba forense que elaboró una institución científica de renombre, como la Universidad de Innsbruck y corroborada por el Equipo Argentino de Antropología Forense pone en evidencia la manipulación realizada por las autoridades mexicanas que en su momento presentaron una versión de los hechos carente de pruebas científicas. Los hallazgos desmienten esa versión y abren posibilidades para conocer qué pasó realmente con la desaparición de los estudiantes y cuál es el sistema de complicidades y encubrimientos que han obstaculizado el acceso a la justicia.

Dilucidar el paradero de todos los estudiantes y sancionar a los responsables, incluyendo tanto a quienes perpetraron la desaparición como a quienes manipularon la investigación, son obligaciones del Estado mexicano que deben ser cumplidas a cabalidad y en breve término.

La Asamblea General de la ONU ha reconocido que el respeto y la garantía del derecho a la verdad son importantes para acabar con la impunidad y proteger los derechos humanos. El acceso de las familias de los estudiantes y de la sociedad en su conjunto a la verdad en este doloroso caso, abre también la esperanza de que la verdad prevalezca, como debe prevalecer, en los miles de casos de desaparición que continúan sin ser atendidos en México y muestra que en ello la asistencia internacional, en temas como la identificación forense y el combate a la impunidad, es esencial.

El SUJ reconoce la incansable lucha de las familias, sin la cual la mentira habría prevalecido. Reconoce también el apoyo fundamental de las instancias internacionales, personas expertas, peritos independientes y organizaciones como el Centro Prodh, Tlachinollan AC, Serapaz y Fundar que han acompañado a las familias de los normalistas con compromiso y profesionalismo. Reconocemos también el esfuerzo realizado por las autoridades que, desde la Unidad de Investigación a cargo del caso y desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, coordinan las acciones gubernamentales hacia el esclarecimiento.

Llamamos a las instituciones del Estado a cumplir sus obligaciones en esta materia, entre ellas la de garantizar la rendición de cuentas, ofrecer a las víctimas vías de acceso a la justicia y reparación integral del daño, establecer mecanismos independientes de supervisión de los sistemas de seguridad y avanzar en garantías de no repetición de hechos tan preocupantes como éste. Para ello es fundamental, también, impulsar la atención integral y digna a todos los familiares de desaparecidos en México. De hacerlo, estaremos consolidando las bases para restablecer los vínculos sociales, garantizar la convivencia y la vigencia de los derechos humanos.

En estos términos, resolver el caso Ayotzinapa con justicia y verdad, puede significar un punto de no retorno para nuestro país y particularmente romper los pactos de impunidad que han dejado a miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el abandono.

Firman

Programa de Derechos Humanos y Programa de Seguridad Ciudadana, Ibero CDMX; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, Ibero Puebla; Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, ITESO; Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Ibero Torreón; Programa Universitario de Derechos Humanos, Ibero León; Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.