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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el lunes su profunda preocupación por la difícil situación de miles de los llamados ‘nacionales de terceros países’, en su mayoría mujeres y niños, que están atrapados en campos de desplazados en el noreste de Siria.

Michelle Bachelet pidió a sus países de origen que adopten medidas urgentes en vista de las graves limitaciones en el acceso a la ayuda humanitaria y los riesgos asociados con el COVID-19.

Algunos Estados han tomado medidas para privar a las personas en los campamentos de su nacionalidad, lo que podría hacerlos apátridas.

Casi 58.000 niños de más de 60 países diferentes permanecen confinados en campamentos congestionados en la zona del país controlada por los kurdos. Cerca de 50.000 son sirios e iraquíes y más de 8000 son de otros países.

En total, cerca de 90,000 sirios, iraquíes y otros nacionales de terceros países con presuntos vínculos familiares con miembros el ISIS están confinados en campos de desplazados superpoblados como los de Al-Hol y Al-Roj.

Si bien la mayoría fueron transferidos a estos campamentos en 2019, luego de la derrota de ISIS en su última fortaleza en el este de Deir Ez-Zor, otros miles permanecen en el campamento de Al-Hol desde 2016.

No pueden dejar los campamentos

Aunque los nacionales de terceros países no están detenidos formalmente y no enfrentan cargos penales en Siria, no se les permite abandonar los campamentos. Se les deja en el limbo legal con acceso limitado, si lo hay, a los servicios consulares, en condiciones potencialmente mortales.

“Doy la bienvenida a que algunos países hayan comenzado a repatriar a sus nacionales, y estén mostrando una mayor apertura a la repatriación de niños pequeños y huérfanos”, dijo Bachelet. “Pero el hecho es que miles de personas, en su mayoría mujeres y niños, no pueden regresar a sus propios países de nacionalidad u origen”.

Bachelet explicó que los Estados deberían asumir la responsabilidad de repatriar a todos sus nacionales, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

“Sin embargo, algunos Estados han tomado medidas para privar a las personas en los campamentos de su nacionalidad, lo que podría hacerlos apátridas. Algunos también se negaron o tardaron en ofrecer servicios consulares, y afirmaron otros obstáculos para involucrarse en el terreno con sus propios ciudadanos”, comentó.

Investigar y juzgar a quien corresponda

Todos estos obstáculos reducen la probabilidad de una protección efectiva y una responsabilidad adecuada por los delitos graves que se hayan podido cometer, dijo la responsable de la Oficina de Derechos Humanos.

“Una vez que las personas han regresado a sus hogares, los Estados pueden avanzar con medidas de rehabilitación y reintegración, así como con la investigación y, si corresponde, el enjuiciamiento”, dijo Bachelet.

Muchos países de origen tienen sólidos sistemas de justicia penal capaces de investigar y enjuiciar de manera justa y efectiva a aquellos contra quienes existe evidencia suficiente de conducta criminal.

Según la Alta Comisionada, todo ellos deberían tener la oportunidad de regresar de forma segura a sus hogares para su rehabilitación y reintegración, con pleno respeto por sus derechos humanos y las garantías de juicio justo, cuando corresponda.

Dejar a los nacionales fuera de la protección del estado de derecho a sabiendas es, además, una posible contravención de las obligaciones del estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y corre el riesgo de ser contraproducente.

“Las condiciones desesperadas en estos campamentos proporcionan a los grupos extremistas o terroristas como el ISIS un terreno fértil para explotar el sufrimiento de las personas como herramienta de reclutamiento”, dijo Bachelet.

La seguridad nacional, no a expensas de los derechos humanos

“Es perfectamente legítimo que los Estados tengan en cuenta las consideraciones de seguridad nacional, sin embargo, esto no puede hacerse a expensas de la protección de los derechos humanos”, añadió.

Estos peligros se ven exacerbados por el COVID-19, que ha limitado aún más la capacidad de las autoridades de facto para garantizar la seguridad suficiente en los campamentos superpoblados y limitar la influencia de los grupos terroristas.

“Esto supone el riesgo de tener un efecto bumerán en los esfuerzos de la comunidad mundial para combatir el terrorismo en la región”, aseguró la Alta Comisionada.

Víctimas no criminales

Muchas personas dentro de los campos son víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

Las mujeres, los niños y las niñas han sufrido violencia sexual y han sido traficados o forzados a contraer matrimonio, esclavitud sexual y explotación por grupos terroristas.

Los niños, incluidos los que fueron adoctrinados o reclutados a la fuerza por el ISIS, deben considerarse principalmente víctimas y ser tratados de manera coherente con sus derechos, dignidad e interés superior de conformidad con el derecho internacional aplicable, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño.

Finalmente, Bachelet defendió que “la comunidad internacional haga todo lo posible porque se respeten los derechos de los iraquíes y los sirios que están varados en estos campos”.