Se analiza la creación de la Ley de amnistía en Puebla

  • La propuesta beneficiaría a rateros

Por Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, reveló que al interior del legislativo se está analizando la posibilidad de crear la Ley de Amnistía del Estado de Puebla, iniciativa que será presentada en los próximos días.

De acuerdo al documento de la propuesta, se podría decretar amnistía a favor de las personas de las que se haya dictado sentencia, siempre y cuando no sean reincidentes en el delito que cometieron.

En ese sentido, se precisa que la amnistía en Puebla podría aplicarse bajo los supuestos siguientes:

I. Por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades.

II. Por los delitos imputados a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, mismas que no hayan contado con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua o cultura.

III. Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite penas superiores a cinco años.

IV. Por sedición y delitos políticos, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se hayan producido homicidios, lesiones o el uso de armas de fuego.

Esta Ley establece que no se concederá el beneficio a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro o hayan utilizado en la comisión del delito violencia o armas de fuego, entre otros supuestos.

Contempla que será el gobernador del estado quien integre una Comisión que coordinará el proceso para facilitar y vigilar la aplicación de esta Ley y que deberá solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la entidad la aplicación de la misma, en la que además se integrará a un diputado que integre la Comisión de Justicia de la Legislatura.

Las peticiones que presenten las personas imputadas, deberán solicitar la determinación por parte de la Secretaría General de Gobierno, además podrán ser pedida por los familiares directos del interesado o por organismos públicos defensores de derechos humanos.

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