Staff/Rossi

Expresan su preocupación frente al Decreto emitido por el presidente de México que sigue militarizando la seguridad pública

Este lunes 11 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo mediante el cual el presidente de los Estados Unidos Mexicanos da continuidad a la militarización de la seguridad pública, que inició con la Reforma Constitucional sobre la Guardia Nacional que se llevó a cabo a finales de marzo de 2019.

El Acuerdo emitido ordena a la Fuerza Armada permanente a participar en las funciones de seguridad pública bajo los parámetros establecidos en el Artículo 5° Transitorio de la reforma sobre la Guardia Nacional. Estos parámetros mencionan que la intervención será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, mientras ésta desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que su participación exceda cinco años.

Asimismo, instruye tanto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana como a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina definan la forma en que se complementará la función de la Guardia Nacional, y menciona que las tareas que realice la Fuerza Armada permanente estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda.

Preocupa que lo ordenado no es suficiente para cumplir con los principios convencionales y constitucionales sobre la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, como lo han mandatado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, en diciembre de 2018, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al determinar que la intervención de las fuerzas armadas debe ser fiscalizada y subordinada a la autoridad civil, limitarse al máximo, con estricta excepcionalidad y regulada mediante mecanismos legales y protocolos de uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y con la respectiva capacitación en la materia.

La publicación del acuerdo se da en un marco en el que la violencia ha incrementado paulatinamente y en el que la intervención militar no ha tenido buenos resultados: más de 250 mil personas asesinadas y más de 40 mil personas desaparecidas; uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas (índice de letalidad de 1 herido por cada 20 asesinados por la Marina[i]); 87% de personas detenidas por las Fuerzas Armadas (Ejército o Marina), sufrió tortura o malos tratos durante el arresto; 4 de cada 10 mujeres detenidas por Marinos fueron violadas durante el arresto[ii].

El acuerdo que militariza la seguridad en el país es a todas luces violatorio a los derechos humanos por los siguientes motivos:

1. Contraría el elemento de excepcionalidad al instruir un despliegue permanente hasta 2024.

2. Contraría el elemento de absoluta necesidad, al no incluir una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

3. No hace referencia a la capacitación, ni a la implementación de un plan institucional integral, que asegure el fortalecimiento de instituciones policiacas de carácter civil y el retiro definitivo de las tropas.

4. Continúa institucionalizando la militarización de la seguridad, al poner en un mando armado tal atribución.

Ante el actual contexto que vivimos de confinamiento sanitario y aislamiento social a causa de la pandemia por el Covid-19, la militarización de la acción del gobierno, a través de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, representa un riesgo para la población en el sentido en que brindar de mayores atribuciones a las instituciones de seguridad sin control civil efectivo abre la posibilidad de restringir derechos humanos como el derecho a la libertad de tránsito, de reunión, de información, de expresión, entre otros, para la población en general, principalmente en los sectores más desfavorecidos. Esto podría fortalecer un esquema autoritario y debilitar la democracia instaurando un posible estado de excepción.

El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha evidenciado que lejos de reducir los altos niveles de violencia, ha generado un aumento de las graves violaciones a los derechos humanos, dado que el objetivo de los cuerpos militares es someter y abatir al enemigo, mientras que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar basados en un enfoque de prevención y de derechos humanos, reservados a los cuerpos policiales civiles.

Por lo tanto, instamos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana:

PRIMERO. – Se derogue el acuerdo mediante el que se sigue militarizando la seguridad pública.

SEGUNDO. – Se esclarezca detalladamente un plan, donde se asegure la participación de la sociedad civil, la academia y las víctimas, que garantice la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

TERCERO. – Se elabore una estrategia sobre el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública que finalice con el retiro definitivo de tropas en cinco años.