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Brasil ha de finalizar de inmediato las políticas de austeridad “equivocadas” que ponen en peligro las vidas de los brasileños y aumentar el gasto para combatir la desigualdad y la pobreza, advirtieron este miércoles dos expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.

El experto independiente* en derechos humanos y deuda externa, Juan Pablo Bohoslavsky, y el relator especial* sobre la extrema pobreza, Philip Alston, consideran que “el brote de COVID-19 ha magnificado los impactos adversos de la enmienda constitucional de 2016 que limitó el gasto público en Brasil durante 20 años”.

A modo de ejemplo, destacaron que sólo el 10% de los municipios brasileños tienen camas de cuidados intensivos y el Sistema Único de Salud no tiene ni siquiera la mitad del número de camas de hospital recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

“Los Estados de todo el mundo deberían construir un futuro mejor para sus poblaciones, no fosas comunes”, indican los expertos de la ONU

Ambos expertos indicaron que “los recortes del Gobierno al financiamiento han violado las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo la educación, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento y la igualdad de género”.

Añadieron que el “debilitado” sistema sanitario brasileño está “sobrecargado” y que no consigue proteger el derecho a la salud y la vida de millones de personas que se encuentran en “grave riesgo”, por lo que ha llegado el momento “de derogar la Enmienda Constitucional 95”, junto a “otras medidas de austeridad contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”.

Brasil ya estaba advertido

Bohoslavsky y Alston instaron hace dos años a reconsiderar los programas de austeridad económica y expresaron su preocupación sobre las capas de población más afectadas por esas medidas como “las mujeres y los niños que viven en la pobreza, los brasileños afrodescendientes, las poblaciones rurales y las personas que viven en asentamientos informales”.

“Los expertos condenaron la política de anteponer la ‘economía a la vida’, a pesar de los derechos humanos y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. “¿Economía para quién?”, preguntaron.”

“No es admisible poner en peligro la salud y la vida de las personas, incluidos los trabajadores de la salud, por el interés financiero de unos pocos”, subrayaron. “¿Quién será responsable cuando las personas mueran debido a decisiones políticas que vayan en contra de la ciencia y el consejo médico experto?”

Avances positivos, pero no suficientes

Pese a encomiar varias iniciativas como el ingreso básico de emergencia y las normas de distanciamiento social a nivel subnacional, destacaron que “es necesario hacer más”.

Bohoslavsky recordó que recientemente formuló recomendaciones económicas, fiscales y tributarias concretas en una reciente declaración y carta a los gobiernos e instituciones financieras internacionales

La pandemia del coronavirus ha de servir a los países para replantear sus prioridades a través de mejoras de los sistemas universales de salud y protección social y efectuando reformas fiscales progresivas, añadieron.

“Los Estados de todo el mundo deberían construir un futuro mejor para sus poblaciones, no fosas comunes”, concluyeron los expertos, que tuvieron el respaldo de varios de sus colegas**

Los crímenes de lesa humanidad sin perdón

Por su parte, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición afirmó hoy que las medidas de protección contra la COVID-19 en recintos penitenciarios abarrotados no han de dejar impunes a las personas condenadas en muchos países por graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

“El derecho internacional existente prohíbe la adopción de medidas que generen impunidad, de derecho o de hecho, para las personas condenadas por esos delitos”, dijo Fabián Salvioli.

El experto agregó que medidas tales “como amnistías, indultos, eximentes de responsabilidad y beneficios en la ejecución de la pena son nulas y carecen de efecto legal”.

Salvioli, acaba de publicar una serie de directrices detalladas para los Gobiernos sobre el tema y recordó que “sólo se pueden conceder indultos humanitarios en casos de enfermedades terminales de resolución inminente”.

Agrego que, durante la actual situación de emergencia sanitaria, y una vez aplicadas las medidas para evitar el hacinamiento de los reos, si persiste el problema de sobrepoblación recomienda trasladarlas a otro centro penitenciario que posea “condiciones de detención seguras y salubres”.

En caso de no darse esta circunstancia, “se debe conceder el arresto domiciliario temporal, con los controles adecuados”, pero los presos han de regresar a prisión “una vez que la situación de emergencia haya pasado, para cumplir el resto de su condena”, explicó.