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Algunas medidas adoptadas por los Gobiernos de Centroamérica y México para contener y prevenir la propagación de la pandemia de coronavirus están afectando desproporcionadamente a los migrantes, refugiados y desplazados en la región, alertó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los cierres de fronteras han provocado que numerosas personas, entre ellas niños y adultos mayores, se hayan quedado atrapadas en lugares fronterizos.

“Estas personas permanecen en campamentos improvisados, en situación de calle, en comunidades o centros de acogida, en los que no siempre se han implementado los protocolos sanitarios para protegerlas, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”, advierte en un comunicado la Oficina, que dirige Michelle Bachelet.

Por ejemplo, el cierre de la frontera de Panamá con Costa Rica, así como la de El Salvador y Honduras, ha provocado que migrantes queden atrapados en condiciones de hacinamiento y limitado acceso de salud, información, alimentación, agua y saneamiento.

“Panamá enfrenta un desafío particular por su posición geográfica y por el cierre de frontera con Costa Rica, que ha generado que más de 2500 personas migrantes irregulares permanezcan en el país”, asegura el equipo de Michelle Bachelet en México y Centroamérica.

También se ha documentado la presencia de personas migrantes centroamericanas que fueron llevadas hasta la frontera entre México y Guatemala, que permanece cerrada, y enfrentan dificultades para llegar por la vía regular a su país de origen.

Sometidos al estigma

Las personas que están en movimiento, como los refugiados, los migrantes, los desplazados, apátricas y solicitantes de asilo, entre otros, son particularmente vulnerables a actitudes y comportamientos que las estigmatizan y discriminan y éstas se ven fomentadas por las narrativas que les asocian con la propagación de la COVID-19”, explicaron.

En Honduras, un Centro de Atención al Migrante Retornado tuvo que cerrar por protestas de la población local en contra del ingreso al país de estas personas por miedo a contagiarse.

La Oficina afirma que se debería considerar la posibilidad de suspender temporalmente los retornos forzados a la región durante la pandemia; establecer mecanismos para la regularización de personas y garantizar su pleno acceso a las medidas de protección y atención oportuna en salud.

“Sin embargo, de continuar con los retornos, éstos sólo podrían llevarse a cabo si cumplen con el principio de no devolución y con la prohibición de las expulsiones colectivas, así como con las garantías del debido proceso”, asegura el comunicado.

También ha pedido a los países que se ponga a los migrantes y demás personas en condición de movilidad en el centro de la respuesta contra la pandemia.

Un derecho de todos sin importar el estatus

Sin importar su estatus migratorio, todos deben tener acceso a la salud, la alimentación, la información en un idioma de su comprensión, el derecho a solicitar asilo y a una evaluación individual de otras necesidades de protección. Así mismo, se debe garantizar acceso a servicios básicos en igualdad de condiciones, sin discriminación y con perspectiva de género y enfoque diferenciado.

“Incluir a las personas migrantes en la respuesta a esta crisis es esencial para proteger no sólo los derechos de las personas migrantes, sino también la salud de la sociedad en su conjunto. Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Es fundamental que en las respuestas contra la COVID-19 predomine la solidaridad entre la comunidad internacional y los países fronterizos a lo largo de los corredores migratorios”.