Ricardo Homs

Los acontecimientos en los que se ha visto involucrada recientemente la Guardia Nacional, así como fuerzas armadas y policías, nos muestra que el principio de gobernabilidad está entrando en un contexto peligroso, que por lo sutil de su evolución, se nos está pasando desapercibido.

La autoridad moral, que es el soporte de Estado en cualquier parte del mundo, se ha erosionado en México y ello está llevando a la pérdida de respeto hacia las instituciones, lo cual rompe el principio esencial del Estado de Derecho y con ello, el orden que se sustenta en la ley.

Noticias, como por ejemplo, la agresión perpetrada hace unos días por parte de los supuestos pobladores del municipio de Buenavista, Michoacán, en contra de un convoy de la Guardia Nacional que circulaba sobre la carretera de Apatzingán – Aguililla, a quienes corrieron a huevazos, nos muestra de modo banal esa falta de respeto, lo cual hasta hace pocos años era impensable. Del mismo modo los pobladores de Los Reyes, Michoacán corrieron a un grupo de militares, a quienes recibieron con insultos, manazos y agresiones con palas y escobas.

Militares que son desarmados, golpeados y humillados, como sucedió en Pueblo Viejo, municipio de La Huacana, por parte de pobladores de esa demarcación, sin que hubiese consecuencias en contra de los agresores. Esto genera impunidad, pues la imagen de un gobierno que se rehúsa a utilizar los recursos jurídicos que le confiere la ley, lo único que puede esperar es que el mal ejemplo se propague e impere en nuestro país “la ley de la selva”.

Comunidades antes pacíficas ahora han encontrado en la práctica de secuestrar policías un recurso de negociación frente a gobiernos insensibles, que en la zona de confort que ofrece el servicio público, descuidan la gran responsabilidad de atender las necesidades de la gente.

En principio, este fenómeno puede despertar simpatía porque representa la reivindicación del ciudadano frente a gobiernos indolentes e irresponsables. Sin embargo, esta percepción justiciera y seductora termina siendo la forma en que se enmascaran los graves riesgos que pueden poner en peligro la estabilidad social y política de nuestro país.

Peor aún, cuando algunos gobernantes, con actitudes populistas y visión corta, ven con simpatía este fenómeno y lo avalan para obtener del pueblo el aplauso fácil, sin percibir que en reciprocidad están socavando su propia autoridad. Así se cae en el círculo vicioso y peligroso del caos.

Peor aún cuando podríamos presumir que muchas comunidades pueden estar siendo azuzadas por grupos criminales que de este modo encontraron el camino a la impunidad, aventando como escudo a hombres, mujeres y niños.

El descubrimiento de que detrás de la violencia en la UNAM están ocho grupos subversivos y que las autoridades los tienen plenamente identificados, e incluso, el presidente de la república dio a este tema una mención en una de las “mañaneras” parece ser tranquilizante. Sin embargo, el tema ahora es… si ya se tienen identificados… ¿Cuál será la acción para resolver el conflicto?. Castigarlos diciéndoles que las autoridades no caerán en la provocación, como dijeron el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum no resuelve, sino que los debilita, pues se perciben en posición vulnerable.

El ejercicio del poder, según un clásico del tema, que es John Kenneth Galbraith, importante economista canadiense, que realizó toda su trayectoria profesional en Estados Unidos, siempre cerca de los hombres poderosos del gobierno norteamericano, se sustenta en tres modalidades.

Galbraith, en su libro titulado “Anatomía del poder”, publicado en 1983, define que el poder se puede ejercer desde tres modalidades: Una es el “poder condigno”, otra “poder compensatorio” y el “poder condicionado”.

El poder condigno, sustentado en el temor, siempre tuvo un efecto disuasivo que se manifestaba como respeto. El poder compensatorio está demostrado que genera corrupción, pues se ejerce comprando conciencias y voluntades, o sea buscando cómplices. El poder condicionado, es el que se sustenta en la persuasión y el convencimiento y por tanto, responde a los ideales de la democracia.

Sin embargo, cuando la gobernabilidad corre el riesgo de salirse de control, es necesario recurrir a la fortaleza de la ley y el estado de derecho, aunque esto genere reacciones adversas. La ley “a secas”, es lo único que puede restituir la confianza, la paz y la tranquilidad y hacer del respeto el valor social más importante y significativo.

La ley aplicada no como un castigo sádico o revancha, sino como una herramienta disuasiva para rescatar el estado de derecho, el cual hoy se respeta con palabras y discursos, pero en la conducta cotidiana es ignorado y vulnerado, con decisiones autoritarias.

Cuando nuestra salud entra en crisis, necesitamos entrar a “terapia intensiva” y cuando el enfermo se estabiliza y sale de peligro, es cuando empieza un tratamiento más relajado y menos agresivo.

En lo social y político la “ley a secas” equivale a la terapia intensiva. Sin embargo, este gobierno, en todos los niveles, confunde la aplicación de la ley con represión, que no es lo mismo. Estas confusiones han banalizado en el discurso gubernamental al Estado de Derecho, a partir de de mensajes desafortunados

El lenguaje que pretende ser conciliador pero al margen de la ley, en realidad proyecta vulnerabilidad institucional, lo cual envalentona a la gente subversiva.

Necesitamos fortalecer el estado de derecho para rescatar la tranquilidad y aplicar la ley.

¿Usted cómo lo ve?