Ricardo Homs

Usted está ocupado y entra a su teléfono celular una llamada con un número desconocido. Esto puede representar dos grandes alertas: o la posibilidad de un intento de extorsión, o un fenómeno creciente que es el acoso telefónico de empresas que intentan venderle un servicio, no sólo a través de un promotor que de modo amable se presenta, sino que puede ser a través de una grabación.

La tercera posibilidad sería la llamada de alguien conocido, pero desde un número no registrado en nuestro directorio.

Estas llamadas inoportunas se están convirtiendo en una tendencia que podemos denominar “acoso telefónico” e invasión de un espacio privado.

Generalmente el teléfono celular muchos lo consideramos una extensión de nuestra intimidad para conectarnos con quienes conocemos, a quienes nosotros hemos decidido darle nuestro número telefónico.

Por tanto, la llamada que llega como un intruso a nuestro dispositivo celular por parte de una empresa representa una invasión de nuestro espacio privado. Por ello, esta desagradable práctica debe ser reglamentada por la autoridad competente.

Empresas de servicios financieros, así como las mismas compañías telefónicas y otros prestadores de servicios así acosan a sus prospectos. Sin embargo, durante las campañas electorales este fenómeno se vuelve aún más agresivo, pues sin pudor recibimos mensajes de candidatos a un cargo de elección popular, enviados de modo masivo e insistente.

Ya no digamos la agresiva costumbre de los departamentos de cobranza de algunas empresas que persiguen a sus deudores morosos de modo obsesivo sin verificar si el número telefónico ha sido cambiado y si quien hoy posee esa línea no tiene contacto ni conoce al deudor buscado. Por más explicaciones que el receptor de la llamada ofrezca, el acoso puede durar varios años con llamadas incluso los domingos muy temprano.

La irresponsable práctica comercial de aceptar números telefónicos que no se verifican cuando alguien abre una cuenta de crédito para realizar una compra, es parte de este problema. La prisa por vender impide que se verifiquen los datos.

Por otra parte, la facilidad con que las empresas telefónicas venden líneas con modalidad de prepago en centros comerciales y en múltiples puntos de venta, es una práctica que ha permitido crecer a esa gran industria de la extorsión telefónica, delito que genera estragos económicos y amargas experiencias para muchas familias mexicanas.

Es sabido incluso que desde los penales surge un alto porcentaje de las llamadas de extorsión telefónica, pero ni las autoridades del sistema carcelario ni las empresas telefónicas han realizado ningún esfuerzo para combatir este delito. Los secuestros virtuales con exigencia de pago de rescate se pueden realizar como consecuencia de la facilidad de obtener, de modo subrepticio, datos personales con los cuales asustar a la víctima.

Si a esto añadimos la fuga de información referente a la base de datos de los clientes de las empresas telefónicas, se abona un ingrediente más respecto al manejo con ausencia de ética, así como la falta de respeto a la privacidad de las líneas telefónicas personales, que debiesen considerarse una extensión del espacio íntimo individual.

Este es un tema que debiese incluirse en la agenda pública. Dando soluciones a esta problemática, seguramente disminuirán los delitos de extorsión telefónica y los secuestros virtuales.

El acoso telefónico, ya sea comercial o delincuencial, representa una violación al derecho que todos tenemos de proteger nuestra intimidad personal.

Por una parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe reglamentar el acceso a bases de datos de teléfonos celulares con fines comerciales y por otra, exigir a las empresas telefónicas protocolos para blindar las cuentas telefónicas personales de los clientes de telefonía móvil, de los delitos que se realizan a través de estos dispositivos