Rossi A. G. 

Concesionarios de la Fuerza Amplia de Transportistas denunciaron presiones y amenazas de Roberto Capuano, quien se niega a otorgarles la información a detalle de los presuntos beneficios que les arrojaría la firma a que los quieren obligar; Metrobús tampoco quiere entregar ahorro de una de las empresas para realizar la sustitución de nuevos autobuses

Representantes de empresas concesionarias del Metrobús denunciaron esta mañana que el director general del órgano público descentralizado del gobierno de la Ciudad de México, Roberto Capuano Tripp les exige, mediante presiones y amenazas, la firma de un cheque en blanco que podría atentar contra la economía de sus empresas y el bienestar, ya de por sí deteriorado, de sus socios, a cambio de liberarles el incremento de 10.03 por ciento autorizado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo a partir del pasado 1 de agosto.

El incremento iría de 36.98 pesos que actualmente les paga el Fideicomiso Metrobús a 40.78 pesos, un aumento que de acuerdo con el vocero de los concesionarios integrados en la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), Nicolás Vázquez Figueroa, sólo nos pondría en las condiciones de ingreso que teníamos en febrero de 2017, pero no alcanzan a cubrir los gastos y necesidades de las empresas.

El transportista relató que desde el pasado 2 de agosto cuando delante del secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza les dieron a conocer la noticia del incremento, Capuano les advirtió que deberían firmar un cambio en el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación porque en este momento ya son insuficientes para poder contratar financiamiento o arrendamiento, con el fin de incrementar el parque vehicular o realizar el cambio de unidades.

Sin embargo, dicen los transportistas, los han venido presionando y amenazando con que el incremento llegará “sólo si firmamos una minuta de presuntos acuerdos donde nos condicionan a aceptar, sin mayor información de carácter técnico, y sin la certeza jurídica, mucho menos económica suficientes, cuatro temas de suma importancia para nosotros”.

En primer lugar los quieren obligar a contratar arrendamiento sin conocer si es de mayor beneficio para ellos que el financiamiento, y ya sucedió un caso donde una de las empresas solicitó el ahorro que tiene para poder comprar las unidades de manera independiente y sin intervención del fideicomiso, y le dijeron que no se lo entregarían.

El representante legal de la empresa SETTSA, Martín Ortiz Tejeda, dijo que el fondo de sustitución es un ahorro que llevamos realizando desde hace cinco años. “Es un dinero de nosotros, no es un fondo que creó la autoridad. Entonces, ya basta de que además de que están administrando nuestro dinero, todavía nos lo nieguen”.

Una de las reglas de operación dice que a partir del mes 61 de vida de la unidad, el 50% de sus ingresos queda en el fideicomiso como un ahorro para la adquisición de una unidad de remplazo y el otro 50% se le entrega a la empresa operadora, pero al negarse a entregarlo, se preguntan si ese ahorro aún está o qué le pasó.

Otro tema es la contratación forzosa del servicio de mantenimiento presuntamente especializado, pero les ocurrió también que han tenido malas experiencias porque, bajo la supervisión de Metrobús, cobraron trabajos no realizados y que afectaron su economía.

O en el caso de que las empresas operadoras tengan su propio servicio de mantenimiento, este deberá pasar la supervisión que determine Metrobús, lo cual implicaría pagar también tal proceso de verificación.

Asimismo, “nos están imponiendo aceptar, sin más información que su dicho de que se migrará a una tecnología de recaudación de vanguardia, con la adopción de una tarjeta que aparentemente cuenta con mayor seguridad para evitar que la clonen como ha sucedido con la actual”.

Y el cuarto punto es la culminación del proceso de emplacamiento y registro de los vehículos ante la SEMOVI. Sin embargo, “por más que les hemos pedido que nos den a conocer cuánto es el monto por el pago de derechos que debemos cubrir, igualmente se niegan a darnos el costo que tendrán”.

Quizá las nuevas autoridades puedan tener buenas ideas, no lo descartamos, expresó Vázquez Figueroa, pero hasta ahora el problema principal es la falta de claridad en los mensajes y en el proyecto. No descartan que pueda haber beneficios, “ellos nos aseguran que los hay, nosotros queremos creerles, pero necesitamos que sean totalmente claros, se plasmen los ejemplos y que de alguna manera podamos tener la certeza de que no serán cuestiones de las que después nos estemos arrepintiendo por haber firmado sin el conocimiento exacto”.

Nicolás Vázquez dijo que “como no queremos saltar sin red de protección, Capuano, incluso, ha llegado a exaltarse y gritar en forma altanera”.

Y recordó que la opacidad es la madre de las mayores corruptelas y, presuntamente este gobierno es transparente y llegó a administrar la ciudad con la bandera del combate a la corrupción. “Entonces, queremos es que este gobierno haga las cosas con la mayor transparencia posible para que nadie se sienta engañado”, señaló el vocero de los transportistas.

Porque finalmente, señaló Vázquez, es injusto que, además de tener una tarifa tan baja que ya no da para mantener los gastos de operación, nos sigan apretando el cinturón, pauperizado el servicio.

En el caso del transporte tradicional, dijo Francisco Carrasco, secretario general del Bloque de Transportistas, que al quererlos meter a una bolsa global con la tarjeta de prepago, existe el riesgo de “que nuestro dinero se va a perder”.