Rossi A. G.

Uno de los derechos fundamentales para el progreso, el desarrollo social y económico es el derecho de propiedad que facilita y propicia el cuidado de la propia integridad, la libertad de acción y de emprender; así como la promoción y seguridad de la familia.

Igualmente, a partir de la seguridad jurídica sobre la propiedad, es que se garantiza el proceso productivo y se inicia el círculo virtuoso de inversión – producción – crecimiento económico – bienestar social.

El derecho de propiedad privada no sólo debe estar garantizado por el derecho positivo, sino también por la actuación del Estado.

Sin embargo, advertimos con preocupación que, desde diferentes esferas, se plantean en forma recurrente medidas que limitan el derecho de propiedad en aras de la seguridad y el combate a la corrupción.

Se trata de un proceso que progresivamente pretende ampliar la participación del gobierno en la esfera productiva, generando con ello, un evidente impacto negativo sobre el crecimiento económico, la seguridad jurídica y el patrimonio de las familias mexicanas.

Hemos visto cómo a lo largo de los últimos meses se impulsan acciones que detienen inversiones y pretenden en el ámbito legislativo vulnerar principios jurídicos fundamentales y constitucionales.

Tal es el caso de la recientemente aprobada, por el Congreso Federal, Ley de Extensión de Dominio, que vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso y abre la puerta a que ciudadanos pierdan sus propiedades sin mediar un juicio como lo establece la propia Constitución.

En la Ciudad de México, se dio el reciente intento fallido de mantener el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, que constituía un atentado a la propiedad privada y a quienes legítimamente invierten sus recursos para la adquisición de inmuebles.

Ahora lo intentan con la propuesta de Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, misma que prevé se proceda a la extinción de dominio sobre inmuebles en todos aquellos casos de quebrantamiento de sellos.

Esta sería una medida que consideramos inconstitucional y confiscatoria en virtud de que no es viable que se establezca la extinción de dominio respecto del delito de quebrantamiento de sellos porque ello no está comprendido en la Constitución Federal.

Por todo lo anterior hacemos un respetuoso llamado para:

Desechar la iniciativa presentada sobre extinción de dominio; establecer criterios puntuales para la evaluación del Congreso de la Ciudad de México de cara a la ciudadanía y generar el compromiso público de todas las fracciones parlamentarias a fin de que se abran los espacios del Parlamento Abierto y se genere un debate serio y de fondo de las iniciativas legislativas.