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Diez gobiernos estatales gastaron casi 140 millones de pesos, recursos federales, en personal médico que no fue localizado en su centro de trabajo y de los que no hay constancia de que existan; también en el pago de nóminas de personal sanitario que no acreditó el perfil académico, ni la especialidad por el cual fue contratado.
Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre la Cuenta Pública 2018.
La ASF señaló múltiples irregularidades en la forma en cómo los gobiernos estatales y municipales gastaron dinero proveniente del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASSA). Es un Fondo para ayudar a las entidades a atender a la población vulnerable, con falta de acceso a un empleo formal y a servicios de salud públicos.
De acuerdo con el informe, los estados de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Tabasco, y Zacatecas, gastaron 80 millones 281 mil pesos del Fondo federal en pagar la nómina de personal médico que los auditores no localizaron en sus centros de trabajo.
De esos estados, la Ciudad de México es la que encabeza esta irregularidad, con un probable daño al erario de 48 millones 480 mil pesos.
En el caso de la capital mexicana, la auditoría de cumplimiento 669-DS-GF detalla que se analizó una muestra de 15 centros de salud, y 2 mil 168 trabajadores reportados en las nóminas.
De esos empleados, los auditores detectaron que 146 no fueron encontrados en sus centros de trabajo, ni se acreditó su existencia, a pesar de que cobraron 29 millones 800 mil pesos.
En otros 17 casos, la Auditoría señaló que aunque cobraron 2 millones 964 mil pesos en 2018, los funcionarios ya no trabajaban en los centros de salud desde años atrás.
Además, de los 15 centros de salud capitalinos investigados en 2018, dos no proporcionaron la información a la Auditoría para validar si 167 trabajadores que cobraron 15 millones 715 mil pesos son, efectivamente, empleados de salud en activo.
Tabasco también gastó 11 millones 788 mil pesos en pagar la nómina de empleados no localizados; y Chiapas otros 10 millones 472 mil pesos.
Sin la preparación requerida
Estado de México, Tlaxcala, Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo gastaron 59 millones 637 mil pesos en pagarle a personal médico y sanitario que no acreditó el perfil académico para el puesto que estaba desempeñando, al momento en que se hizo la revisión.
En el caso de Oaxaca, la Auditoría revisó para su informe una muestra de 150 servidores públicos del sector salud, de los cuales 21 no acreditaron el perfil del puesto bajo el cual cobraron en 2018 un total de 8 millones 933 mil pesos.
Entre esos funcionarios, hay dos casos particularmente graves: uno, el de un servidor público que no acreditó el título de médico cirujano, a pesar de laborar y cobrar como tal, y otro, el de una enfermera que tampoco contaba con el título exigido.
En el Estado de México, la Auditoría también detectó que el gobierno estatal pagó 12 millones de pesos a 30 funcionarios de salud que no tenían “la preparación académica requerida”, para ocupar los puestos de trabajo que tenían.
Irregularidades por casi 5 mil millones
La Auditoría también señaló que los 32 gobiernos estatales cometieron irregularidades en el gasto de 4 mil 932 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud.
La principal irregularidad en el gasto del Fondo fue que los estados invirtieron 2 mil 155 millones de pesos, sin que aportaran la documentación que comprobara en qué se gastaron el dinero y cómo.
La segunda irregularidad por mayor monto fue que mil 092 millones del Fondo se transfirieron a cuentas bancarias en los estados que eran para programas distintos al de salud, por lo que “no se asegura su destino en los objetivos del fondo”.
Y otros mil 074 millones del Fondo no fueron gastados por las entidades federativas, pero tampoco fueron regresados a las arcas del Estado, por lo que se desconoce el destino del dinero.
Las entidades federativas a las que la Auditoría hizo más observaciones por irregularidades en el gasto del Fondo para servicios de salud son Oaxaca, con observaciones por mil 446 millones de pesos, y Chiapas, con mil 068 millones.
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