Roberto Desachy Severino

Los hay que defienden los derechos humanos, otros al medio ambiente, unos más al agua, la libertad de expresión, la correcta aplicación del Estado de Derecho, en fin, son de muchos tipos, pero todos se caracterizan por un activismo que, casi siempre, incomoda a grandes intereses y que –en muchas ocasiones- se vuelve mortal para ellos mismos.

En lo que va de este 2019, en pleno gobierno de la 4T y a pesar de que era de esperarse que con una administración federal de izquierda los activistas –de todas las causas- estarían más protegidos y tranquilos que antes, ya van al menos 19 homicidios contra defensores de distintas luchas, sin que los secretarios de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana en el país, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, respectivamente, se hayan dado por enterados.

Es que, literalmente, los están matando. De los 19 activistas asesinados este año, 5 eran de Oaxaca, 4 de Chiapas, 2 de Guerrero y los estados de Morelos, Veracruz, Puebla, EdoMex, Tabasco, Michoacán, SLP y la Ciudad de México aportaron uno más a esta preocupante lista: Asesinan al activista Abiram Hernández en Xalapa

Entre las víctimas de esta especie de “cacería” de activistas que se ha recrudecido en todo el país en el 2019 se encuentran defensores de derechos humanos (4), ambientalistas (6, incluyendo a Leonel Díaz Urbano, asesinado el 9 de mayo en Zacapoaxtla, Puebla), activistas sociales (3), líderes campesinos (3), representantes indígenas (2) y un dirigente vecinal: La 28 de Octubre pide protección para sus dirigentes

MÁS HOMICIDIOS DE DEFENSORES DE DERECHOS EN EL 2019 QUE EN LOS 2 AÑOS ANTERIORES

De acuerdo a un recuento elaborado por Desde Puebla, en el 2017 se registraron 11 homicidios contra activistas, incluidos 3 en Guerrero, 2 en Hidalgo, 2 en Chihuahua, 2 en Jalisco, 1 en Tlaxcala y 1 en Tamaulipas. De hecho, a nivel nacional, los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero son considerados los de mayor peligrosidad para los defensores de derechos: Defensores de los Derechos Humanos acusan violaciones muy graves durante los últimos años

Un año después se dieron –al menos – 16 asesinados contra este sector social, incluidos 4 en Pochutla, Oaxaca, 3 en Chiapas, 3 en Puebla y uno en Nayarit, Michoacán, Chihuahua e Hidalgo. El 14 de mayo del 2018 fue liquidado en Cuetzalan, Puebla, el ambientalista Manuel Gaspar, quien se oponía a que las mineras depreden los recursos naturales, la belleza de la Sierra Norte poblana y a la construcción de un relleno sanitario, aunque la Fiscalía General de Puebla atribuyó el crimen a “razones personales”: Causa suspicacia saña en asesinato de Manuel Gaspar, activista de Cuetzalan: Abogado

También en el 2018, pero el 1ro de junio, fue muerto en Zacapoaxtla Adrián Tihuilit, otro ambientalista, de las mismas causas pro defensa de la tierra de Manuel Gaspar e, incluso, pertenecían a la misma ONG, el MIOCUP. Adrián se oponía a la construcción de una hidroeléctrica en el río Apulco: Adrián Tihuilit

Ese mismo año, pero el 23 en agosto, en Zoquitlán, Puebla, el ambientalista Sergio Rivera Hernández resultó asesinado. Él se opuso a la Minera Autlán y a la construcción de la hidroeléctrica Coyolapa –Atzalan en la sierra negra: Comunicados a un año de la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández

LA HIDROELÉCTRICA DE LA MUERTE EN SAN JUAN TAHITIC

Resulta por demás curioso que, de los 4 asesinatos contra activistas registrados en Puebla entre el 217 y 2019, tres se relacionen con un mismo proyecto: el de la hidroeléctrica en San Juan Tahitic, porque el ya mencionado Leonel Díaz Urbano era otro de los opositores a este proyecto de la empresa Gaya SA de CV en el río Apulco cuando fue ejecutado de un tiro en la cabeza en su propia casa: Asesinan a opositor de hidroeléctrica en Zacapoaxtla

Este hecho, que pasó “inadvertido” para la Fiscalía General del Estado de Puebla, sí llamó la atención de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) desde septiembre del año pasado, cuando denunció la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández y exigió investigar las amenazas y atentados que había sufrido antes de que, finalmente, se le perdiera de vista: México: Desaparición forzada del DDH Sergio Rivera Hernandez en Puebla

Este contexto ya no es de preocupación para los activistas, sino de verdadero terror, porque –independientemente de las causas de cada uno de ellos- queda claro que sus propias vidas penden de un hilo muy delgado. Por ende, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete deberían tomar cartas en el asunto y proteger a los defensores, a sus ONGS y, desde luego, a sus banderas: derechos humanos, libertad de expresión, el agua, ambientalistas, el territorio, pueblos originarios, etc.

Si no lo hacen, correrán el riesgo de pasar a la historia como los que perdieron la oportunidad de hacer que los mexicanos tuvieran un Gobierno de la República no solamente respetuoso, sino protector de los derechos elementales…por primera vez en la historia de México.