Jorge Barrientos
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, exigió las renuncias del secretario general del Congreso del estado, Julio Leopoldo de Lara y el director jurídico, Jesús Juárez Lezama, ambos funcionarios objetos de diversos cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas y errores en sus cargos.
El legislador aseguró que, pese a las denuncias y señalamientos realizados por diputados de distintas fuerzas políticas, hasta el momento no se han dado a conocer sanciones ni procedimientos en contra de los funcionarios involucrados.
“Veo que no pasa nada después de tantas pruebas y tantos hechos. El secretario general y el consejero jurídico llevan sus temas y no comunican nada; eso nunca había pasado.
Eso amerita que renuncien, pero no lo hacen, parece que no tienen vergüenza”, declaró.
Micalco Méndez sostuvo que existe inconformidad entre diversos legisladores debido a la falta de información sobre asuntos legales y administrativos que se encuentran en trámite dentro del Poder Legislativo, situación que, dijo, ha generado incertidumbre y malestar al interior del Congreso.
Asimismo, afirmó que la permanencia de ambos servidores públicos ha provocado molestias entre diputados por las decisiones adoptadas y los errores que presuntamente han cometido en el ejercicio de sus funciones.
“El secretario general ya debe renunciar y el jurídico también. Hay muchos diputados que se quejan de él, de su forma de actuar y pifias”, expresó.
El diputado panista consideró que las controversias relacionadas con las áreas administrativa y jurídica están afectando la imagen institucional del Congreso de Puebla.
Cuestionado sobre una posible protección política hacia los funcionarios señalados, Micalco respondió que el hecho de que continúen en sus cargos, pese a los señalamientos públicos, refleja que cuentan con respaldo de personajes con influencia dentro de la vida política estatal.
“Lo que el secretario general presume es que tiene un gran padrino, un gran protector”, afirmó.
Los cuestionamientos contra Julio Leopoldo de Lara y Jesús Juárez Lezama no son recientes.
En meses anteriores, la diputada panista Susana Riestra Piña, acompañada por otros legisladores, solicitó formalmente su destitución al acusarlos de inconsistencias en los trabajos legislativos, trabas administrativas y presuntas omisiones en el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicha solicitud fue turnada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política al área de Control Interno para su análisis. Sin embargo, diputados de oposición han insistido en que existen elementos suficientes para abrir investigaciones y determinar posibles responsabilidades administrativas en contra de ambos funcionarios.
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