Rossi A. G.

México precisa dar pasos significativos para revertir el problema imperante de las fosas clandestinas, señaló Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH México), durante la presentación del informe Violencia y Terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017; realizada en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Jan Jarab dijo que dichos pasos se deben dar en al menos los siguientes seis rubros:

Erradicar los niveles de violencia prevalecientes con un enfoque de derechos humanos. El Informe claramente muestra cómo el número de fosas clandestinas se relaciona estrechamente con otros indicadores de violencia, especialmente con la tasa nacional de homicidios.
Adoptar el registro nacional de fosas, mismo que, como lo dispone la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas, deberá concentrar la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que se localicen.

Emitir, con base en los más altos estándares internacionales en la materia, el programa nacional de exhumaciones, mismo que también se deriva de la ley general aludida.

Atender la “emergencia forense”, como la calificó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en noviembre pasado, a través de dos medidas complementarias: la adopción de un mecanismo de asistencia extraordinario y la instrumentación de un proceso de reforma profunda de los servicios forenses en México. Se trata de un tema que ha sido ampliamente reconocido por el actual Gobierno, e incluso por el propio Presidente, de manera pública.

Avanzar en la generación de sistemas de registro de información, archivos, transparencia y acceso a la información. A la clandestinidad de las fosas no se debe agregar la clandestinidad de la información. Es urgente contar con información fiable, homologada y accesible, que permita generar una política pública enfocada al cambio y a la materialización de resultados.

Fortalecer las capacidades de investigación que haga posible no solamente saber el número y localización de las fosas, el número e identidad de las personas, sino también la identificación y sanción de los responsables. El mapa del horror que se refleja en las fosas clandestinas solamente podrá remontarse mediante estrategias efectivas de combate a la impunidad y aplicación de medidas punitivas en contra de quienes desaparecieron y cegaron la vida de miles de personas inhumadas de manera ilícita.

“La Oficina que representó no solamente está consciente de las medidas que se están adoptado en esta dirección a nivel nacional, sino que también las saluda, acompaña y asesora. Estas medidas, para dar los frutos deseados, deben ser secundadas por las autoridades locales y contar con la participación efectiva y constante de las familias, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de la academia, organismos de derechos humanos y la comunidad internacional”.

Informe, una contribución importante ante la falta de datos

Por otra parte, Jan Jarab recordó que, en su reciente visita a México, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó como “aterradores” los datos relativos a personas desaparecidas, cuerpos sin identificar y fosas clandestinas en el país. Y meses antes, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada observó con preocupación la falta de datos confiables sobre las desapariciones, el escaso número de condenas y la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas.

En ese sentido, el informe Violencia y Terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017 representa una contribución importante para el conocimiento de esta “realidad desgarradora”. Pero como el informe mismo lo reconoce, el universo real de fosas clandestinas en México es mayor a lo que se documenta en él.

Están surgiendo cada vez más fosas, porque la Comisión Nacional de Búsqueda finalmente empezó a funcionar, lo que provoca más hallazgos, que probablemente van a seguir en el futuro próximo. Además, hay que sumar a ello los miles de cuerpos inhumados sin identificar en las fosas comunes y los cuerpos que permanecen en las morgues.

Y aunque las estadísticas son muy importantes, se tiene que ver más allá de ellas. “No debemos olvidar que detrás del número de fosas clandestinas hay historias de personas privadas de la vida violentamente (en su mayoría personas muy jóvenes) e inhumadas de manera ilícita; cuerpos a los que se les pretende negar una honra fúnebre y que con su indebida sepultura se manda un mensaje a la sociedad de prepotencia, al tiempo que se siembra una despreciable aspiración de ocultar, posponer o dificultar la develación de la verdad y la realización de la justicia”.

Un mensaje que trasciende y trastoca a las familias de las personas inhumadas y socava seriamente la credibilidad del Estado, particularmente cuando se trata propiamente de desapariciones forzadas, esto es, aquellas que son perpetradas por las fuerzas del Estado directamente o en colusión con actores no estatales.

A esas familias que tienen a un ser querido desaparecido, claman por encontrarlo y no cejan en exigir a las autoridades el cumplimiento de su deber, las alabó Jarab, pues en no pocas ocasiones son ellas mismas quienes -exponiéndose a jornadas extenuantes y a riesgos mayúsculos- realizan las búsquedas y dan con los hallazgos macabros. “El informe acierta en ser dedicado a ellas, pues son dichas personas las que le dan cabal significado al trabajo en materia de derechos humanos”.

Y a las y los autores del informe, integrantes del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de Artículo 19 México, el representante de ONU-DH México les agradeció “ayudarnos a desenterrar un problema apremiante que no merece ser sepultado en la fosa del silencio, la indolencia y la desmemoria”.