EL VALLE

Toluca, Méx.- “El Estado de México está listo en sus plataformas tecnológicas del Poder Judicial para operar el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con base en los lineamientos publicados y con los métodos que ya ha aprobado el Consejo de la Judicatura del Estado de México”, señaló el Presidente del Poder Judicial Mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, durante la entrega de las llaves digitales que operarán el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF).

Ante la presencia del director general de asuntos jurídicos del SNDIF, Alejandro Cárdenas Camacho, Nuria Fernández Espresate, titular del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF); la directora del DIF del Estado de México, Karina Labastida Sotelo, y jueces magistrados de 17 tribunales del país a quienes se les entrega las llaves digitales del país.

Sodi Cuellar destacó la evolución de los modelos familiares y la necesidad de que la justicia sea empática con esta diversidad, más justa y efectiva, asegurando que las obligaciones alimentarias se cumplan y que los niños, niñas y adolescentes reciban la protección que merecen.

Señaló que hay un reto en lo que refiere a la implementación de estos datos, toda vez que en promedio, la justicia penal representa entre el 8 y 10 por ciento del trabajo total; mientras que la civil y familiar representa entre 70 y 75 por ciento de la carga laboral.

Señaló que el PJEdomex ha dado un gran paso con el Juzgado en Línea Especializado en materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, que atiende las 24 horas los siete días de la semana, y que, a eso se han sumado 81 ayuntamientos mexiquenses.

Mientras, Alejandro Cárdenas Camacho destacó que a la fecha no se tiene el número de morosos alimentarios y cómo es que fueron inscritos al padrón.

Dijo que, con la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, “tendremos una herramienta valiosa para empezar a generar estadísticas en la materia y construir políticas públicas a nivel nacional”.

Y que la difusión de datos de estos deudores será pública y la información será alimentada desde este martes por parte de los expedientes de los distintos poderes judiciales del país.

Dijo que la inscripción a dicho registro, será por mandato judicial y quienes no cumplan con dicho deber, quedarán suspendidos sus derechos, entre estos; contar con pasaporte o documento de identidad y viaje, ocupar cargos públicos como condenables o de elección popular.

Asimismo, no podrán aspirar a cargos de magistrados o jueces federales, realizar trámites ante notario para la compraventa de bienes inmuebles o derechos reales, salir del país salvo que otorguen una garantía suficiente.

Y se le informará a los cónyuges si su pareja está inscrito en el registro de deudores de pensiones. Y cuando liquiden dicho monto, solamente el juez es quien dará aviso y podrá ser desactivado del registro de deudores alimentarios.

Finalmente, Nuria Fernández Espresate, titular del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), exhortó a los poderes judiciales del país a que suban la información correspondiente sobre las sentencias de morosos alimentarios. Y señaló que, en el registro público no habrá información confidencial más allá del nombre y el tiempo del incumplimiento, estos datos serán alimentados por los tribunales de justicia, y ningún usuario podrá acceder a esta plataforma para hacer inscripciones, tendrá que ser solo mediante un mandato judicial.