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Expertos de la ONU * expresaron hoy su consternación ante la renovación del estado de excepción en El Salvador, que ya lleva más de un año en vigor.

Pidieron que se derogue inmediatamente dicho estado de excepción y que el Gobierno revise los amplios nuevos poderes que ha introducido para abordar el problema de las pandillas en el país.

“El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el Gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”, dijeron los expertos.

Instaron a las autoridades de El Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla o de asociación con la misma sin autorización legal suficiente; y a que las personas detenidas cuenten con todas las garantías fundamentales requeridas por el derecho internacional de los derechos humanos relativas al debido proceso.

En septiembre de 2022, las cifras oficiales indicaban que 58.000 personas habían sido detenidas bajo las nuevas medidas, incluidos al menos 1.600 menores. Seis meses después, el Decreto Ejecutivo N° 719 de marzo de 2023 señaló que habían sido detenidas “más de 67.000” personas. La información recibida indica que muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración.

“El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”, dijeron los expertos. “A las personas aprehendidas en esta red de arrastre del Gobierno en El Salvador se les deben garantizar sus derechos”.

Expresaron su preocupación por el respaldo que el Gobierno ha dado al concepto de “delito flagrante permanente” para favorecer los arrestos sin orden judicial de personas sospechadas de pertenecer a pandillas.

Según los informes, las audiencias iniciales, en las que los jueces revisan la legalidad de un arresto y deciden sobre los cargos y la prisión preventiva, se celebran en grupos de hasta 500 personas. A los defensores públicos se les ha dado de tres a cuatro minutos para presentar los casos de 400 a 500 detenidos a la vez. También se ha informado sobre juicios masivos.

“Las audiencias y los juicios masivos, a menudo realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, dijeron los expertos. “El uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, atenta contra las garantías del debido proceso”.

Miles de familias se han visto severamente afectadas económicamente al tener que incurrir en costos adicionales para defender a sus

seres queridos y brindarles bienestar, salud y seguridad, señalaron.
“Estas medidas amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado”, dijeron los expertos.
“Este nivel de interrupción e interferencia en el sistema de justicia salvadoreño corre el riesgo de limitar el acceso a la justicia para todos y todas en el país”, dijeron. “Conlleva demoras indebidas tanto en procesos civiles como penales, tiene un impacto negativo en las garantías del debido proceso, en la protección contra la tortura y el derecho a la vida, y puede conducir a un aumento del hacinamiento en los lugares de detención.”
Los expertos han estado en contacto con las autoridades al respecto de sus preocupaciones.