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El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA llamó este viernes a las autoridades venezolanas a que liberen a cinco trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo arrestados a mediados de enero.

ONUSIDA manifestó su preocupación por la detención de Johán León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz el pasado 12 de enero.

La directora ejecutiva del Programa, Winnie Byanyima, llamó “a las autoridades venezolanas a que liberen de la custodia policial a los cinco trabajadores humanitarios que trabajan para la organización no gubernamental Azul Positivo y que devuelvan el equipo esencial incautado en el momento de su arresto”.

La oenegé Azul Positivo se fundó en 2004 con el objetivo de trabajar en la prevención del VIH en el estado venezolano de Zulia, situado al noroeste del país. ONUSIDA ha apoyado el trabajo de la organización durante muchos años y ha presenciado el impacto positivo de sus contribuciones en la comunidad.

“Una sociedad civil fuerte y empoderada juega un papel esencial en la prestación de servicios a los más necesitados; y es fundamental para una efectiva respuesta al VIH y otros retos en materia de salud en Venezuela”, recordó Byanyima.

Evaluación del impacto de las sanciones unilaterales en Venezuela

Por otro lado, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, la bielorrusa Alena Douhan, visitará Venezuela del 1 al 12 de febrero con el objetivo de evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de las garantías fundamentales.

Douhan manifestó su voluntad de averiguar, mediante la cooperación y el diálogo, “si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos y en qué medida”.

A la vez, se centrará especialmente “en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela” y formulará recomendaciones “sobre cómo se puede mitigar o eliminar cualquier efecto negativo”.

Durante su estancia en Venezuela, Douhan planea reunirse con altos funcionarios del gobierno, miembros del parlamento y del poder judicial, representantes de organizaciones internacionales, la comunidad diplomática, la sociedad civil, la oposición y el mecanismo nacional de derechos humanos, abogados, académicos, activistas, víctimas y sus familiares.

Al final de su visita compartirá sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa el 12 de febrero y presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el mes de septiembre.

El Consejo estableció el mandato de este relator en septiembre de 2014, tras la preocupación del sistema de derechos humanos de la ONU y de la comunidad internacional por el impacto negativo de las sanciones unilaterales en las garantías fundamentales de la población civil.

Esta situación se ha vuelto aún más relevante durante la pandemia de COVID-19.