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Los pobres en los Estados Unidos están siendo los más afectados por la pandemia de COVID-19 y el Gobierno debe tomar urgentemente medidas adicionales para evitar que decenas de millones de estadounidenses de clase media se vean sumidos en la pobreza, asegura un experto de la ONU en derechos humanos.

“Las personas en situación de pobreza y de bajos ingresos enfrentan riesgos mucho mayores por el coronavirus debido a la negligencia crónica y la discriminación, y una respuesta federal confusa y orientada hacia las empresas que les ha fallado”, expresó en un comunicado Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, quien realizó una visita de investigación a los Estados Unidos en 2017.

Según Alston, con despidos récord, una red de protección social débil, y el Gobierno enfocándose principalmente en las empresas y los ricos, partes importantes del país pronto se enfrentarán la indigencia a menos que el Congreso tome medidas de largo alcance.

Una ayuda federal que no llega

Más de 22 millones de personas solicitaron desempleo en un período de cuatro semanas, y los economistas de la Reserva Federal proyectan hasta 47 millones de empleos perdidos para el verano. Según los informes, casi un tercio de los inquilinos estadounidenses no pagaron el alquiler a tiempo en abril y el uso del banco de alimentos se está disparando.

“Las personas en situación de pobreza están amenazadas desproporcionadamente por el coronavirus. Es más probable que trabajen en trabajos con un alto riesgo de exposición, que vivan en viviendas abarrotadas e inseguras, que residan en vecindarios que son más vulnerables debido a la contaminación del aire y que no tengan acceso a la atención médica”, dijo. “Las comunidades étnicas, que enfrentan un racismo persistente, corren un riesgo particular y mueren a tasas mucho más altas”, agregó.

Los pobres tienen menos recursos para amortiguar los efectos económicos y se ven más afectados por las medidas para frenar la propagación del virus, señaló el relator especial. Los trabajadores con salarios bajos son más susceptibles a los despidos masivos y los recortes salariales, mientras que menos niños de bajos ingresos pueden acceder a clases en línea.

“A pesar de estos graves riesgos, la ayuda federal aún no llega a muchas personas necesitadas y es fundamentalmente inadecuada en alcance y tipo dada la magnitud de la crisis y su impacto a largo plazo”, dijo Alston.

Para el experto, los pagos únicos anunciados por el Congreso proporcionan un salario mínimo de menos de un mes, pero puede que no lleguen a algunos de los más vulnerables hasta septiembre y excluyen a millones de inmigrantes indocumentados que pagan impuestos.

Además, la expansión temporal del seguro de desempleo depende de las oficinas estatales abrumadas, lo que resulta en demoras generalizadas.

Millones sin acceso a tratamiento médico o alivios

Alston recalcó que más de la mitad de los trabajadores quedaron excluidos de la legislación sobre licencia por enfermedad, y el alivio de la deuda estudiantil excluye a millones de personas con préstamos de empresas privadas. Tampoco se han tomado medidas integrales para cubrir el tratamiento médico a pesar de que decenas de millones no tienen seguro y los costos de cuidados intensivos alcanzan hasta los 70.000 dólares.

“El tratamiento accesible y asequible es esencial, y la planificación debe comenzar ahora para garantizar que cualquier vacuna esté disponible de manera amplia y justa, que no se reparta primero entre los ricos y, finalmente, a los que están en mayor riesgo”, dijo.

Según el experto, las personas pobres se verán perjudicadas si el Congreso continúa negando asistencia significativa a los gobiernos estatales y locales, que están considerando recortes a servicios como transporte público, educación, asistencia legal y atención médica.

“La respuesta también ha ignorado la amenaza inminente del cambio climático, y a pesar de los riesgos que la contaminación y las emisiones de carbono representan para las comunidades pobres, la Agencia de Protección Ambiental ha dejado de hacer cumplir muchas regulaciones de informes y monitoreo”, denunció el relator especial.

El sistema estadounidense de fianza en efectivo también significa que muchos detenidos están detenidos porque no pueden pagar. “A medida que el coronavirus se propaga en prisiones, cárceles y centros de detención superpoblados e insalubres, incluso los delitos triviales pueden ser una sentencia de muerte”, dijo Alston. “Si bien algunas autoridades han implementado liberaciones de sentido común, otras, como en Texas y Nueva York, han duplicado la fianza”.

Una situación de pobreza que ya existía

Incluso antes de la crisis, se estima que dos de cada cinco estadounidenses no podían cubrir un gasto de 400 dólares sin endeudarse, y según la Oficina del Censo, 38,1 millones de personas vivían en la pobreza en 2018.

“Las personas pobres en los EE. UU. ya tienen condiciones de trabajo abismalmente inseguras, salarios bajos y alquileres caros, y disfrutan de pocas de las garantías que son la norma en la mayoría de los países desarrollados, como la atención médica universal. El país podría usar su riqueza significativa para resolver muchos de estos problemas, pero una respuesta que favorezca los intereses corporativos y arraigue la desigualdad será catastrófica”, expresó Philip Alston.

Para el relator especial, Estados Unidos debería proporcionar alivio inmediato, como asistencia para el alquiler y suspensiones de cobro de deudas y desalojos, así como soluciones a largo plazo para proteger los derechos y combatir la inseguridad, como un salario digno y la cancelación de la deuda estudiantil.

“Este es un momento para reevaluar los fallidos sistemas de salud, vivienda y apoyo social que han hecho que esta crisis sea especialmente dolorosa para los menos afortunados “, concluyó Alston.