EdoMéx se convierte en la entidad 18 en despenalizar el aborto

EL VALLE

Por mayoría de votos, el Congreso mexiquense aprueba la despenalización del aborto con 56 a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, con lo que el Estado de México se convierte en la entidad 18 en despenalizar el aborto.

La reforma al Código Penal señala que durante las primeras 12 semanas de gestación no se penalizará, ni se criminalizará a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, ni al personal médico o parteras que las ayuden.

La iniciativa, presentada como parte de la agenda progresista de la Legislatura, establece que no se criminalizará a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo dentro del periodo establecido.

Asimismo, garantiza que el personal médico y las parteras que participen en estos procedimientos no sean perseguidos legalmente, siempre y cuando se realicen bajo los criterios establecidos por la ley.

En el debate, que se prolongó por varias horas, diputados de distintas fracciones parlamentarias argumentaron sobre la importancia de proteger los derechos humanos de las mujeres.

“Hoy hacemos justicia histórica para miles de mujeres que durante décadas han sido criminalizadas por ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo”.

Por su parte, los opositores señalaron su preocupación por las implicaciones éticas y morales de la reforma. Sin embargo, las posturas en contra no lograron frenar la aprobación de esta iniciativa que se suma a los esfuerzos nacionales e internacionales por garantizar los derechos reproductivos.

Mientras que organizaciones feministas celebraron la decisión como un triunfo tras años de lucha y señalaron que aún queda camino por recorrer en la implementación de esta reforma. “Este es un gran paso, pero también debemos trabajar para asegurar el acceso seguro, gratuito y digno para todas las mujeres, especialmente las de comunidades más marginadas”, declaró una activista.

La reforma, en la que se abstuvieron los priistas María Mercedes Colín, Alejandro Castro, Eduardo Zarzosa y Leticia Mejía, implicaba que después de las 12 semanas de gestación la interrupción del embarazo aún sea un delito, de manera que se sancione con entre seis meses y un año de prisión; o de cinco a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días multa cuando ocurra sin el consentimiento de la mujer o se cometa con violencia.

Los legisladores panistas se pronunciaron por mejor apostar a la prevención; en su participación, el diputado Anuar Azar aseguró que el derecho a la vida, desde la concepción, es el primero tutelado por el derecho internacional del que forma parte México; dijo que el aborto no debe ser un mecanismo de control natal.

Mientras, las diputadas morenistas Zaira Cedillo y Selina Trujillo, la independiente Paola Jiménez, la perredista Araceli Casasola, la emecista Ruth Salinas, la petista Ana Yurixi Leyva y la ecologista Vanessa Linares coincidieron en que despenalizar el aborto es sólo el primer paso para hacer efectivo el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y cuerpos, pues aún falta modificar las normas relacionadas para obligar la implementación de medidas preventivas, asignar presupuestos públicos para que accedan a la ILE de manera gratuita, y garantizar acompañamiento psicológico.

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