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Un estudio inédito, elaborado por la Campaña Nacional Desalojo Cero y divulgado el miércoles (14), muestra que más de 1,5 millones de brasileños sufrieron desahucios o desalojos forzosos entre octubre de 2022 y julio de 2024. Esto representa un aumento del 70% desde octubre de 2022, cuando 898.916 personas habían enfrentado esta situación. El mapeo reúne casos colectivos de desalojos forzosos de personas y comunidades enteras que han sido expulsadas de sus hogares. Incluye no sólo los casos judicializados, sino también los procesos administrativos promovidos por las administraciones públicas.

Raquel Ludermir, gerente de Incidencia Política en la organización Hábitat para la Humanidad Brasil, explica que el aumento en este período puede estar relacionado con el hecho de que, durante la pandemia de covid-19, el Supremo Tribunal Federal ordenó la suspensión de los desalojos y restituciones de propiedad contra familias vulnerables. La medida duró hasta finales de octubre de 2022.

“Hasta entonces, muchos casos estaban detenidos por esta decisión de la Corte. Después de eso, se liberó y los desahucios volvieron a ser legales. Así que lo que estamos viendo es un aumento muy significativo que refleja la reanudación de los procesos judiciales de desahucio y amenaza de restitución de propiedad, en general”, dijo en una entrevista con Agência Brasil y TV Brasil.

Otro factor que puede haber contribuido a este aumento, explicó Raquel, es el elevado coste de la vida como consecuencia de la pandemia. “Sabemos que, durante la pandemia, la gente se empobreció mucho y el coste de la vida aumentó mucho. Así que es posible que mucha gente haya recurrido a ocupaciones ilegales”, recordó.

Perfil

La crisis inmobiliaria brasileña tiene relación con clase, género y etnia, según revela el estudio. La gran mayoría de los afectados se declaran negros y pardos (66,3% del total), son mujeres (62,6%) y ganan hasta dos salarios mínimos (74,5%). “Hablamos de personas de bajos ingresos predominantemente, muy vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. También son predominantemente negros y a menudo familias encabezadas por mujeres. Hay una deuda histórica del país con la demanda de vivienda de esta población.”

“Sabemos que aunque la vivienda es un derecho constitucional y un derecho humano, todavía estamos en un país donde hay al menos 6 millones de personas en situación de déficit habitacional y otros 26 millones en condiciones inadecuadas de vivienda. El estudio muestra la punta del iceberg de un problema histórico en Brasil. Estamos hablando de vivienda, del problema de la lucha por la tierra y de cómo esto está vinculado a cuestiones de pobreza e interseccionalidad”, afirmó Raquel.

Grandes proyectos

Según la investigadora, estas expulsiones o desalojos forzosos están motivados principalmente por la restituciones de propiedad, cuando existe un conflicto entre la persona que dice ser propietaria del inmueble o de la tierra y las familias que están ocupando estos lugares.

El segundo motivo principal son los desalojos forzosos llevados a cabo por las autoridades públicas, principalmente para grandes proyectos de construcción. “Esto puede estar relacionado con proyectos a gran escala –como sistemas de transporte, drenaje o alcantarillado– o a menor escala, que supuestamente benefician a la propia población, pero que acaban teniendo efectos contradictorios de desalojo”, explica.

Por eso, en un momento en que se retoman las grandes obras del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), Raquel sostiene que es necesario repensar cómo pueden estar afectando también a la población más vulnerable. “Es muy importante estar atentos para que estos proyectos no tengan un efecto aún más negativo sobre la población vulnerable”, dijo. “Las obras públicas nunca deben aumentar el déficit habitacional o el problema de vivienda en el país, porque de lo contrario sólo estamos favoreciendo a un sector del desarrollo.”