Entre los objetivos del proyecto de dictamen se encuentra que los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos sean eficientes, de calidad, transparentes, seguros y confiables

Desde Puebla

Las y los integrantes de la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso del Estado aprobaron el proyecto de dictamen mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Puebla para, entre otros objetivos, establecer de forma expresa la facultad exclusiva de la Secretaría de Movilidad y Transporte para otorgar permisos o concesiones de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos.

En el proyecto de dictamen también se establece la posibilidad de que la citada dependencia celebre convenios de coordinación con los Ayuntamientos para la autorización de los servicios auxiliares, sujetarse a las políticas, programas, metodologías y sistemas que establezca la Secretaría para la asignación, control y vigilancia de los servicios auxiliares.

Además, la estandarización de documentos, inventarios y demás que se elaboren respecto de los vehículos que deban ser arrastrados y la sujeción y cumplimiento de las tarifas autorizadas; teniendo como principal objetivo que el servicio que se preste en estos rubros por parte de terceros, sea eficiente, de calidad, transparente, seguro, confiable, y sobre todo que proporcione tranquilidad y seguridad al usuario del servicio respecto del bien asegurado, además de evitar malas prácticas y abusos en la asignación y prestación de dicho servicio.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la Comisión, Silvia Tanús Osorio señaló que estas reformas, enviadas por el Ejecutivo, se apegan a la legalidad para brindar el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, con lo que se da solución a un problema que afecta a las y los ciudadanos.

En sus intervenciones, las diputadas Nora Merino Escamilla y Guadalupe Yamak Taja, así como el diputado Jaime Natale Uranga respaldaron la iniciativa del Ejecutivo, pues busca contribuir a que se garanticen los derechos de la ciudadanía, así como atender la disparidad de las tarifas por servicio de grúas en las diferentes regiones del Estado.