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Debido a sus riquezas naturales, la Sierra Tarahumara, situada en el estado mexicano de Chihuahua, México, es un lugar acosado por intereses privados, los caciques locales y los grupos de narcotraficantes, y una región que cuenta con muchos desplazados internos.

Desde hace tiempo, sus habitantes y distintas asociaciones, entre ellas la organización Alianza Sierra Madre, se han organizado para protegerse y promover sus derechos.

La dirigente de la Alianza, Isela González Díaz, contó a Noticias ONU que el principal reto que han encontrado ha sido garantizar el acceso a la justicia y prevenir la invasión de sus tierras por esos caciques y grupos empresariales o de los mismos narcotraficantes.

Reconocimiento de los territorios indígenas

Alianza Sierra Madre trabaja, desde los años 90, con las comunidades indígenas Coloradas de la Virgen y Choréachi, especialmente en la promoción de sus derechos de defensa de la tierra, la conservación biocultural y el bienestar comunitario.

Durante tres décadas, el trabajo de la asociación ha dado resultados como el reconocimiento legal de los territorios indígenas y la protección estatal de más de 30.000 hectáreas de bosque de pino Encino.

Además, ha logrado que el Tribunal Unitario Agrario local suspenda los permisos de aprovechamiento forestal, que se habían autorizado a ciertos grupos privados.

Isela González explica el trabajo que hacen en cumplimiento de los planes de la Junta de gobierno del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

“Estamos trabajando mucho en la reparación del daño material e inmaterial a la comunidad de Las coloradas de la Virgen y de las familias desplazadas”, dijo y añadió que también están trabajando en la capacitación de las familias desplazadas.

Además, mantienen un caso en la Corte Interamericana “documentando que el Estado no vaya a permitir agresiones hacia la comunidad”.

Más allá de acompañar jurídicamente y empoderar a las comunidades indígenas para que conozcan y exijan sus derechos, Alianza Sierra Madre participa en procesos de diálogo con autoridades y otros actores de la sociedad civil para sensibilizarlos sobre los derechos de las comunidades.

Combate del narcotráfico

Aparte de su búsqueda por defender los territorios, la organización trabaja para combatir la violencia vinculada al narcotráfico. De acuerdo con González, su trabajo le ha causado amenazas de muerte y campañas de desprestigio.

“Estamos en una zona en el triángulo dorado y siempre se han tenido amenazas y hostigamiento, y esto incrementó porque hubo un parteaguas que facilitó mucho a los caciques o actores sociales que pretenden despojar a las comunidades de su territorio”, manifestó.

Organismos nacionales e internacionales han reconocido la situación de violencia extrema que azota a la Sierra Tarahumara y que significa un elevado riesgo para las personas defensoras de derechos humanos.

Debido a su labor, tanto las y los líderes comunitarios como integrantes de Alianza Sierra Madre, han sufrido represalias, mientras muchas comunidades se ven forzadas a desplazarse por temor a la presencia del crimen organizado y a las ejecuciones, amenazas y reclutamiento forzado en campos de siembra de opiáceos.

En febrero de 2014, el Mecanismo Federal de Protección a defensores del Gobierno de México otorgó medidas de protección a varios integrantes de Coloradas de la Virgen, entre ellas Isidro Baldenegro López, uno de los principales defensores de la sierra. No obstante, a pesar de ello, el 15 de enero del 2017, lo asesinaron.

“Acompañamos a las personas que se encuentran en situaciones de desplazamiento forzado; sólo lo podemos hacer a través de acompañamiento policiaco por ser beneficiarios del Mecanismo de Protección, aunque éste sí nos limita, porque siempre están ahí acompañándonos los policías. Finalmente, estamos muy conscientes que hay cosas que no se pueden tratar delante de los policías. Sobre todo, las estrategias”, comentó González.

Redes de Apoyo

Alianza Sierra Madre trabaja en red con otras organizaciones nacionales e internacionales, como la propia ONU, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional, el Centro Agustín Pro Juárez y la asociación civil hermana en los Estados Unidos: Sierra Madre Alliance.

Además, junto con Tierra Nativa y la Consultoría

Técnica Comunitaria (CONTEC), son una de las tres integrantes de la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, creada en 2012 para sumar esfuerzos en cuanto a estrategias jurídicas para la defensa del territorio de los pueblos y el uso preferente de sus recursos naturales.

Apoyo de ONU Mujeres

Isela González Díaz indicó que, a través de un grupo de embajadas europeas, se le ha dado respaldo jurídico a las personas activistas que se encuentran en riesgo, como ella misma. Es una de las seleccionadas para recibir respaldo político en la Embajada suiza, lo que le dio oportunidad de ser parte de la campaña Protejamos sus voces, organizada por la Mesa de Cooperación para la Igualdad de Género en México, integrada por ONU Mujeres y 24 embajadas y delegaciones.

“Estamos acompañadas por Brigadas Internacionales de Paz, ellos nos han capacitado mucho para hacer manuales de protección y en cómo disminuir riesgos; además de la visibilidad, si Alianza Sierra Madre tiene el respaldo de alguna o algún relator de las Naciones Unidas, inmediatamente es un reconocimiento a nuestro trabajo”.

Volver a casa

El pasado 2 de octubre la Alianza comenzó la campaña de recaudación de fondos Volver a Casa: un camino de esperanza y dignidad, la cual se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2023.

El monto recaudado será destinado al acompañamiento de familias desplazadas de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, quienes han salido de sus hogares para salvaguardar su vida.

Alianza Sierra Madre recordó que han pasado cinco años desde que le quitaron la vida al defensor indígena Julián Carrillo Martínez y aún no es posible un retorno seguro para su familia.

Por eso creen que este es un buen momento para que la ciudadanía se sume a su lucha para apoyar a las y los defensores del bosque bajo la exigencia de la garantía de sus derechos.

De acuerdo con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el desplazamiento forzado interno ha sido documentado en México al menos desde la década de 1970. No obstante, su reconocimiento oficial como problema público por el Gobierno de México ocurrió en abril de 2019.

La situación más allá de la Sierra Tarahumara

Chihuahua ha sido uno de los estados más afectados por la vio