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El legislador precisó que la Operadora de Servicios Médicos ganó una licitación por un monto de poco más de 105 millones de pesos para atender a 23 mil 457 empleados en activo y jubilados.

El diputado federal Mariano González Aguirre presentó a la Comisión Permanente un exhorto para que el Gobierno del Estado de Tlaxcala respete los derechos laborales de todos los afiliados sindicales de la entidad y no lucrar con su salud a través de la derogación de los servicios médicos.

A través de un Punto de Acuerdo, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI expuso que el pasado mes de julio, el Gobierno estatal anunció que a partir del primer día de agosto de este año subrogaría las prestaciones médicas vigentes de los trabajadores estatales y pondría en marcha un nuevo programa de módulos integrales a cargo de la Operadora de Servicios Médicos M.L. S.A. de C.V.

Detalló que la Operadora de Servicios Médicos ganó una licitación por un monto de poco más de 105 millones de pesos y con ese capital, anotó, atenderá a 23 mil 457 empleados en activo y jubilados en módulos que se ubicarán en los municipios de Apizaco, Huamantla, Santa Ana Chiautempan y San Pablo Apetatitlán, así como en dos farmacias en la capital.

Sin embargo, el legislador subrayó este nuevo sistema viola el contrato colectivo de trabajo firmado en 2021 que sostienen los sindicatos con el gobierno estatal. Mencionó que en el contrato vigente se establece que todos los contratados tendrán derecho de acudir al médico de su preferencia con un reembolso asegurado del 71 por ciento del costo de consulta.

Además, recibirán hasta el 69 por ciento de reembolso en caso de requerir prótesis ortopédicas, el regreso del 100 por ciento del gasto en medicamentos y si se solicita, servicio hospitalario en el ISSSTE o IMSS sin ningún costo extraordinario, situación que no contempla el nuevo esquema en ninguno de estos servicios.

González Aguirre indicó que en respuesta a esta violación laboral, desde el pasado 31 de julio, los sindicatos que conforman el Frente Unido de Trabajadores en Defensa de los Derechos Laborales se movilizaron en distintas regiones de la entidad para exigir al gobierno dar marcha atrás con este nuevo sistema, pero la respuesta de las autoridades fue con violencia y el uso de la fuerza pública la madrugada del 2 de agosto.

Por ello, exhorta al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad a que presenten un informe detallado de los motivos con los que privaron de sus derechos a los integrantes del Frente Unido el pasado 2 de agosto y a sancionar a los responsables.

El representante popular del PRI recalcó que la legislación laboral reconoce que los derechos laborales son irrenunciables, motivo por el cual, llamó al gobierno local a reestablecer los más de 50 convenios que fueron suspendidos con médicos generales y especialistas, implementar un programa de abastecimiento de medicinas y retomar los convenios con hospitales, clínicas y laboratorios.