El mal gobierno de Chignahuapan: Corrupción e impunidad

Por Rodolfo Herrera Charolet

Primera Parte

  • Denuncia de la ASE Puebla por más de 500 millones de pesos… congelada.

Nada extraño que el presidente municipal de Chignahuapan adjudicara un contrato a una empresa de su tío. Es un asunto de familia.

No obstante que existe una ley de Transparencia, a los presidentes municipales de los municipios serranos, no les importa cumplir con ella.

En parte la ley atenta contra sus fechorías, en virtud de que se ha convertido en una práctica cotidiana de sus actos de gobierno, ante la complicidad de diputados y de otras instituciones públicas que avalan con su inactividad o silencio, aprovechando los constantes cambios del titular del Ejecutivo.

En 18 meses de mandato, con un desempeño calificado en opinión ciudadana como mediocre, en enero de 2024 estará a poco menos de un año de concluir su mandato el presidente municipal de Chignahuapan; Lorenzo Rivera Nava quien sin duda buscará su reelección, en el caso de que las denuncias en su contra sean un impedimento.

Por otro lado su primo Juan Enrique Rivera Reyes, también buscará su reelección como diputado al H. Congreso del Estado.

El objetivo principal de estos personajes de la fauna política poblana, es la tradición familiar mediante la cual se han servido los Rivera en aquellas tierras serranas, un ejercicio de poder, en ocasiones despótico y oportunista, que sin duda alguna los ha beneficiado, con aquella añeja afirmación popular que aconseja: “¡Señor… por favor no me des, mejor ponme en donde hay!”

A manera de muestra los Rivera han ocupado los siguientes cargos:

1975-1978 HUMBERTO RIVERA BONILLA (Presidente)
1984-1987 LORENZO RIVERA GALINDO (Presidente)
1999-2002 JOSÉ LORENZO RIVERA SOSA. (Presidente)
2002-2005 RAÚL RIVERA LOIZAGA. (Presidente)
2002-2005 SAÚL RIVERA SOSA (Diputado)
2008-2011 JOSÉ LORENZO RIVERA SOSA (Diputado)
2014-2018 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES. (Presidente)
2021-2024 LORENZO RIVERA NAVA. (Presidente)
2021-2024 JUAN ENRIQUE RIVERA REYES. (Diputado)

Inseguridad y tala inmoderada:

Durante el 2022 en el municipio de Chignahuapan fueron denunciados 547 delitos, de los cuales 95 se relacionan contra la vida y la integridad corporal, 277 contra el patrimonio de los cuales 194 fueron robos. Se denunciaron 61 delitos contra la familia de los cuales 48 fueron por violencia. No obstante los niveles de inseguridad, el mayor problema de Chignahuapan es la tala inmoderada y la corrupción imperante en todo el municipio.

Durante 2020 y 2021 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descubrió en Puebla que al menos cinco hectáreas fueron dañadas por la tala ilegal, siendo los municipios de Vicente Guerrero y Chignahuapan los más afectados. Producto de esta práctica, la dependencia ordenó la clausura de 12 aserraderos que operaban en la clandestinidad.

En los primeros nueve meses del año 2021, el organismo federal adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó inspecciones, con la finalidad de atender las denuncias de predios que presumiblemente se utilizan para la extracción ilícita de madera. En ocho fiscalizaciones realizadas, pudo asegurarse 1513 árboles que eran talados sin la autorización respectiva. En el municipio de Chignahuapan fue decomisado; madera en rollo, madera aserrada y polines.

A consecuencia de esas visitas, la autoridad del medio ambiente ordenó la clausura de once aserraderos, principalmente ubicados en los municipios de Tlatlauquitepec y Zacatlán. Esto, además de tres multas y amonestaciones.

Un año antes, en el 2020, funcionarios del gobierno federal realizó 14 inspecciones y descubrieron que 1035 árboles eran aprovechados en forma ilícita. Como ya es costumbre y gracias a la complicidad de autoridades locales, los municipios en los que se encontraron estas irregularidades son; Chignahuapan, Aquixtla y Tlahuapan. Municipios en donde se acumuló el 82 por ciento de la flora ultrajada en todo el año.

Ejidatarios Acolihuia Vs. Rivera

Sin apoyo de los gobiernos Rivera en Chignahuapan, las organizaciones de la sociedad civil han luchado por la importancia del manejo forestal comunitario.

Actualmente, el 70 por ciento de los bosques mexicanos se encuentra precisamente bajo el resguardo de los pueblos, sin embargo, con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la actividad estaría amenazada y con ello, el bienestar de los bosques.

En Acolihuia, comunidad del municipio de Chignahuapan, 380 ejidatarios afirman que han trabajado para recuperar los suelos degradados y convertirlos en superficie boscosa que fue devastada por taladores. Esta comunidad rehabilitó 550 hectáreas que 10 años antes se utilizaban para alimentar al ganado. Actualmente se protegen cuatro distintas especies de pino; greggii, montezumae, teocote y pseudostrobus.

En Acolihuia habitan 505 personas y 384 se dedican al cuidado del ejido. Adicional a las 550 hectáreas reforestadas desde 2007, los ejidatarios cuentan con un área de 477 hectáreas de bosque natural que tienen bajo su cuidado, así como su producción y aprovechamiento sustentable desde hace más de treinta años.

La comunidad se organiza en 32 comisiones integradas por 12 personas cada una, a fin de realizar actividades de mantenimiento de brechas cortafuego, recorridos de vigilancia, preaclareos, podas, monitoreo de la biodiversidad y mantenimiento de caminos forestales.

La iniciativa impulsada por el PRI y el PVEM que le quita a las comunidades su participación en el cuidado y explotación moderada de los bosques, fue apoyada por el entonces gobierno de los Rivera y del entonces diputado del PRI, José Lorenzo Rivera Sosa.

Iniciativa aprobada con la oposición de las fracciones parlamentarias Movimiento Ciudadano, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 7 de marzo del 2017 y turnada al Senado para ser promulgada.

José Lorenzo Rivera Sosa

En cuanto a la tala inmoderada los Rivera saben mucho de lo que ocurre, incluso el Ex Presidente del CDE del PRI de PUEBLA, Ex Delegado de la SEDESOL, Ex Diputado Federal por el 2do Distrito en Zacatlán, Ex Delegado de la SEDATU (Recordar Estafa Maestra), ex delegado del PRI, José Lorenzo Rivera Sosa, nacido 25 de septiembre de 1963, padre del alcalde, Lorenzo Rivera Nava.
Aun cuando el gobierno obradorista impulsó una penalidad de hasta 15 años de cárcel, de acuerdo a las modificaciones del año 2023 en la Cámara de Senadores. No parece importarles mucho, porque lo suyo, lo más redituable es el dinero del erario.

Aunque sigue muy atento el progreso de sus negocios madereros; Centro de Bosques y Madera de Chignahuapan S.A de C.V. y Final de la Senda, empresas reportadas en el 2015; Las otras empresas (algunas beneficiadas por los gobiernos encabezados por la familia) en las que participan en forma directa, su papá, hijo o familiares en primer grado son; Transportes Tlacotla, S.A. de C.V., Constructora Loizaga, S.A. de C.V. (empresa con capital social de 32 millones de pesos); Constructora Surponiente GPR, S.A. de C.V.; Corrisco, S.A. de C.V.; Productos Madereros Foresta, S.A. de C.V. y Grupo Gasolinero las 5 R de la Sierra Norte de Puebla, S.A. de C.V., entre otras.

 

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