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Incluso en medio de una crisis macroeconómica, Argentina tiene la obligación de garantizar el respeto de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales, dijeron las expertas de la ONU hoy.

“Las autoridades argentinas deben garantizar la protección de los derechos humanos en todas las actividades empresariales, especialmente en un momento en que éstas se consideran una posible solución a los problemas económicos del país”, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en un comunicado al término de una visita oficial al país.

Las expertas advirtieron que fallos en este sentido significarían que Argentina no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.

“Argentina no debe olvidar que las personas, las comunidades y el ambiente deben ser lo primero. Fortalecer la economía causando daños irreparables a la salud de las personas y a la biodiversidad no es un camino viable”, declaró Pichamon Yeophantong, presidenta del Grupo de Trabajo.

“Argentina cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados”, señalaron las expertas. “Sin embargo, hemos identificado una brecha significativa en la implementación y cumplimiento de los marcos legales y regulatorios en todos los ámbitos”, señalaron.

. “Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos”, afirmaron las expertas.

Durante la visita, las expertas se reunieron con representantes del gobierno, de la sociedad civil, sindicatos, Pueblos Indígenas y empresas privadas y estatales para debatir las oportunidades y los retos a los que se enfrentan para la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores).

Tras reconocer avances prometedores en materia de políticas desde el Estado, en particular la incorporación de la perspectiva de género y la inclusión social, las expertas afirmaron que la protección de los derechos humanos de algunos grupos dentro del país sigue estando rezagada. Según las expertas, estas desigualdades se han visto acentuadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, con graves impactos sobre los derechos humanos que deben ser abordados.

“Es alarmante la invisibilidad que sufren las Comunidades y Pueblos Indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación”, señaló Fernanda Hopenhaym

Durante su visita, el Grupo de Trabajo dijo haber sido testigo de los impactos sobre los derechos a la salud, a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, al agua y al saneamiento, a la participación, al acceso a la información, a la subsistencia y al desarrollo.

“Las grandes barreras de acceso a la justicia y la debilidad de ciertas instituciones del Estado, hacen que las personas y comunidades afectadas se sientan desesperanzadas”, señalaron. Las expertas instaron a las autoridades y empresas argentinas a redoblar sus esfuerzos para prevenir estos impactos negativos y garantizar el acceso a la reparación. “Cuando sea apropiado, las reparaciones deben hacerse considerando los impactos socioeconómicos y ecológicos acumulativos que estas comunidades han estado sufriendo”, dijeron.

El Grupo de Trabajo visitó las provincias de Neuquén, Catamarca y Chaco, y mantuvo reuniones con diferentes actores, entre ellos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.

El informe final de esta visita, que incluirá los distintos hallazgos y recomendaciones finales, será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2023.

SOURCE Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)