Brasil investigará el delito de genocidio contra el pueblo Yanomami

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El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flavio Dino, confirmó el miércoles (25) la apertura de una investigación de la Policía Federal para investigar el crimen de genocidio contra el pueblo yanomami en Roraima. La etnia vive una crisis sanitaria en los últimos años, con muertes por desnutrición y proliferación de enfermedades como la malaria.

“Tenemos una ley sobre genocidio en Brasil, que es muy antigua, aprobada por Juscelino Kubitschek en 1956. Esta ley sigue vigente y prevé varios tipos de prácticas de genocidio, que implican matar, pero también atentar contra la integridad física y mental, y acciones y omisiones que conducen al exterminio de un determinado grupo étnico. Con lo que vi, con lo que vio la sociedad, no tengo dudas de que hubo, infelizmente, no sólo negligencia, sino también cierta intencionalidad, que será investigada por la Policía Federal”, dijo el ministro durante una entrevista en el programa A Voz do Brasil, producido por la Empresa Brasil de Comunicação (EBC) y transmitido por la Red Nacional de Radio.

Según el ministro, la investigación involucrará la conducta de las personas que cometieron delitos directamente en la región y también a los responsables del “descuido de la salud y el bienestar” de los indígenas.

Una de las medidas que se adoptarán es la desintrusión de las tierras indígenas, operación que pretende eliminar a los invasores de las zonas, principalmente mineros ilegales. No hay cifras oficiales, pero se calcula que actualmente hay una población de unos 30 mil no indígenas que realizan actividades ilegales en la unidad.

“Tenemos esta determinación del presidente Lula, de hacer la desintrusión. Se hará. Porque las tierras indígenas son propiedad de la Unión, con posesión permanente de los indígenas, y no puede haber minería”, dijo Dino en una entrevista con vehículos EBC. Según él, la operación de expulsión de los invasores es compleja y requiere una planificación multisectorial, incluso para favorecer que las personas que serán expulsadas puedan tener alternativas de reinserción legal en la economía.