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El Consejo de Derechos Humanos ha decidido crear una misión internacional independiente para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en la República Islámica de Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022.

La decisión fue tomada en una resolución, aprobada por 25 votos a favor, seis en contra y 16 abstenciones, que tuvo lugar durante una sesión extraordinaria del Consejo para examinar la crisis desatada por la muerte en septiembre de Jina Mahsa Amini, de 22 años, tras ser detenida por la llamada Policía de la Moralidad de Irán, que la acusó de violar los estrictos códigos de vestimenta relacionados con el velo o hijab.

El presidente del Consejo tiene ahora la tarea de nombrar a los miembros de Misión de Investigación, que deberá presentar su primer informe oral en junio de 2023.

Antes de que se produjera la votación, el Consejo escuchó al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, que instó a establecer esa investigación independiente sobre la violencia mortal que se está produciendo contra los manifestantes.

En una sala abarrotada, el Consejo escuchó a Türk criticar “la mentalidad de cuartel de quienes ejercen el poder” en Irán y aseguró que “el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza” debe terminar.

Imágenes desgarradoras

“Me duele ver lo que está ocurriendo en el país. Las imágenes de niños asesinados. De mujeres golpeadas en las calles. De personas condenadas a muerte”, afirmó el Alto Comisionado.

Después, destacó cómo las fuerzas de seguridad, “especialmente el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas Basij, han utilizado munición real, perdigones y otras balas metálicas, gases lacrimógenos y porras” contra el movimiento de protesta, que se ha extendido a unas 150 ciudades y 140 universidades de todas las provincias de Irán.

Turk señaló que su Oficina ha recibido “múltiples comunicaciones” de Irán sobre el episodio, “incluyendo investigaciones internas”, peor aseguro que tales investigaciones “no han cumplido las normas internacionales de imparcialidad, independencia y transparencia”.

Desmentidos oficiales

En respuesta a los comentarios del Alto Comisionado, la representante de Irán, Khadijeh Karimi, adjunta de la Vicepresidencia para Asuntos de la Mujer y la Familia, insistió en que el Gobierno había tomado “las medidas necesarias” para buscar justicia, tras la muerte de Amini. Entre ellas, la formación de una comisión de investigación parlamentaria independiente, así como la de un equipo médico forense.

“Sin embargo, antes de que se anunciara formalmente el análisis de la investigación, la reacción sesgada y precipitada de varias autoridades occidentales y sus intervenciones en los asuntos internos de Irán, convirtieron las asambleas pacíficas en disturbios y violencia”, sostuvo.

Por su parte Javaid Rehman, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, insistió en que en la última semana se habían intensificado los esfuerzos por silenciar a los manifestantes, incluso contra los niños.

Víctimas infantiles entre los muertos

Rehman indicó que, al menos entre 60 y 70 personas han sido asesinadas en la última semana, dijo, entre ellas cinco niños, la mayoría procedentes de zonas kurdas. También calificó de “alarmante” la situación en las ciudades kurdas de Piranshahr, Javanrood y Mahabad.

“El Gobierno iraní ha presentado sistemáticamente informes sin fundamento y ha reiterado afirmaciones en las que asegura que Jina Mahsa no murió como consecuencia de ningún tipo de violencia o paliza”, dijo.

Y añadió que, “en otros informes, el Gobierno refuta los asesinatos de niños por parte de las fuerzas de seguridad, afirmando que se suicidaron, se cayeron de una altura, fueron envenenados o asesinados por agentes enemigos anónimos”.