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• Tribunal Agrario declara nulidad de contratos de arrendamiento de 11 comuneros de Unión Hidalgo.

Establece que aquellas empresas de energía eólica que quieran establecerse en Oaxaca deben hacer contratos con asambleas de comuneros y no con propietarios privados o posesionarios en lo individual.

“Los parques eólicos que se encuentran operando en tierras de la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, tienen contratos abiertamente ilegales”: Prodesc

Tras un largo juicio de nueve años, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, otorgó a 11 comuneros de Unión Hidalgo la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras con los que una empresa opera un parque eólico en Unión Hidalgo, Oaxaca.

El fallo en contra de Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, establece que las tierras donde levantaron su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

La sentencia de nulidad reconoce que la Asamblea General de Comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos Xadani, Chicapa, Unión Hidalgo, la Ventosa y el Espinal es la única que puede determinar el uso, destino y disfrute de las tierras, ya que por su naturaleza todas son de uso común y son los únicos que pueden celebrar contratos de arrendamiento. Además, establece que Unión Hidalgo es una comunidad agraria e indígena que conserva sus usos y costumbres y en las que el 90% de la población habla zapoteco.

Si bien con la sentencia de nulidad de los contratos de los comuneros inconformes, Demex no está obligado a desmantelar o quitar el parque eólico ya que esta empresa no pudo levantar sus generadores eólicos dentro de sus tierras, lanza el precedente para que cualquier comunero de la comunidad de Juchitán de Zaragzoa y sus anexos, así como de todo el país, que tengan problemas similares, puedan en el futuro declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros.

Fallo genera un precedente histórico

Juan Antonio López, Coordinador de Justicia Transnacional en el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (Prodesc), señaló en conferencia de prensa que la sentencia del Tribunal Unitario Agrario “establece un precedente histórico en la defensa de la tierra y territorio para las comunidades agrarias e indígenas al reconocer la naturaleza jurídica de las tierras de Unión Hidalgo como de uso común tal como establece la Resolución Presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales que data de 1964”.

Dicha resolución permite establecer que todos los contratos celebrados en contravención de la Ley Agraria pueden ser declarados nulos absolutos a petición de las y los comuneros, pero también de las partes que lo celebran (es decir los posesionarios y/o la representación comunal o ejidal).

“Los parques instalados y que se encuentran operando en tierras de la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, son abiertamente ilegales”, expone el representante de Prodesc, organización sin fines de lucro con una visión integral en la defensa de los derechos humanos, particularmente en atención al derecho a la tierra y el territorio.

Un largo proceso judicial

En 2004, representantes de la empresa Demex llegaron a la comunidad de Unión Hidalgo para convencerlos de rentar sus tierras para la instalación del parque Eólico Piedra Larga I y II. De 2006 al 2011 la empresa Demex llevó a cabo la formalización de contratos de arrendamiento civil de las tierras con posesionarios de manera individual.

El 11 de junio de 2013, 11 posesionarios y la representación de bienes comunales de Unión Hidalgo, acompañados por ProDESC, presentaron demandas agrarias en contra de la empresa Demex ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, en las que solicitaron se declarara la nulidad de los contratos celebrados con dicha empresa, por contravenir la Ley Agraria, ya que los contratos fueron indebidamente considerados propiedad privada cuando en realidad eran tierras comunales.

De manera sorpresiva, el Magistrado del TUA Distrito 22 decidió declararse incompetente para conocer del caso por “razón de materia”, ya que consideró que la demanda debía tramitarse ante un juez civil.

Fue entonces que los afectados presentaron una demanda de amparo indirecto integrando el expediente 890/2013 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. El 4 de febrero de 2014, el Tribunal Agrario la admitió a trámite, y el 21 de octubre de 2016 declaró válidos los contratos de arrendamiento celebrados por la vía civil argumentando “la buena fe de la empresa debido a que desconocía la calidad agraria de las tierras”.

Ante esta resolución, los 11 comuneros de Unión Hidalgo promovieron amparo directo contra la resolución, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. El 22 de junio de 2017 dicho Tribunal concedió el amparo y protección a los demandantes, y pidió al Magistrado del Tribunal Agrario 22 repusiera el procedimiento para el reconocimiento de las tierras como comunales y se respetaran las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena inherente a la forma de suscripción de contratos.

Así, el 5 de agosto de 2022, dicha autoridad declaró la nulidad de los contratos de arrendamiento celebrados entre diversos posesionarios de la comunidad Unión Hidalgo con la empresa Demex.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Guadalupe Ramírez Castellanos y Rosario Cuevas Castellano, Defensoras Comunitarias de Unión Hidalgo, así como Miguel Álvarez, integrante de la Mesa Directiva Asesora de ProDESC,