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El relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967 denunció este viernes que en esos enclaves existe un “sistema jurídico y político dual profundamente discriminatorio que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales israelíes de Jerusalén Oriental y Cisjordania”.

Durante la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Michael Lynk resaltó que en Cisjordania hay más de tres millones de palestinos que, pese a convivir en el mismo espacio geográfico, aunque separado por muros, puestos de control y una amplia presencia militar, viven “bajo un régimen opresivo de discriminación institucional y sin una vía hacia un auténtico Estado palestino”.

“Otros dos millones de palestinos viven en Gaza, descrita habitualmente como una ‘prisión al aire libre’, sin acceso adecuado a la electricidad, el agua o la sanidad, con una economía que se hunde y sin posibilidad de viajar libremente al resto de Palestina o al mundo exterior”, apuntó.

Lynk consideró que un régimen político que antepone “de forma tan intencionada y clara los derechos políticos, legales y sociales fundamentales” de un grupo por encima de otro “dentro de la misma zona geográfica en base a su identidad racial-nacional-étnica se ajusta a la definición legal internacional del apartheid”.

El experto indicó que el gobierno militar de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados se ha construido “deliberadamente con la intención de perpetuar los hechos sobre el terreno”, y con el fin de diseñar, desde un punto de vista demográfico, “una reivindicación permanente, e ilegal, de la soberanía israelí sobre los territorios ocupados, mientras se confina a los palestinos en reservas más pequeñas de tierra desconectada”.

En su opinión, esta situación se logró “mediante una serie de actos inhumanos” cometidos durante mucho tiempo por los militares israelíes contra los palestinos. Entre las causas, señaló las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, la tortura, la denegación de derechos fundamentales, un índice alarmante de muertes de niños, los castigos colectivos, un sistema judicial militar abusivo, los períodos de intensa violencia militar israelí en Gaza y las demoliciones de viviendas.

La inacción de la comunidad internacional es un punto clave

El relator destacó que su línea de pensamiento sobre el apartheid en los Territorios Palestinos Ocupados no es única y que la avalan “respetadas organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes e internacionales”, y destacadas personalidades como el ex Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon; el arzobispo sudafricano, Desmond Tutu; la ministra de Asuntos Exteriores sudafricana, Naledi Pandor; y el ex fiscal general israelí, Michael Ben-Yair.

Por último, y pese a los cientos de resoluciones en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General que consideran ilegal la anexión israelí de los Territorios Palestinos Ocupados, acusó a la comunidad internacional de inacción.

“El Consejo y la Asamblea han criticado repetidamente a Israel por desafiar sus resoluciones. Han amenazado con consecuencias. Pero nunca se han rendido cuentas. Si la comunidad internacional hubiera actuado de verdad en sus resoluciones hace 40 o 30 años, hoy no estaríamos hablando de apartheid”.

Para acabar con este fenómeno en los Territorios Palestinos Ocupados, el relator especial pidió a la comunidad internacional que reúna “un conjunto imaginativo y enérgico de medidas de rendición de cuentas” que sirva “para acabar por completo con la ocupación israelí y sus prácticas de apartheid” en esos enclaves.