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El Secretario General de las Naciones Unidas expresó gran preocupación frente a la noticia de que al menos dos personas personas que cooperaron estrechamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han sido detenidas recientemente en ese país.

La CICIG operó en la nación centroamericana durante doce años, hasta 20219, según un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco.

António Guterres subrayó en un comunicado de su portavoz que los los procesos judiciales deben cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso, y que es deber de todas las instituciones nacionales respetar y observar la independencia del poder judicial.

Uso indebido del derecho penal

En consonancia con el Secretario General, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la Procuraduría de Derechos Humanos publicaron esta semana un informe en el que exponen la criminalización de las personas defensoras de las garantías fundamentales y el uso indebido del derecho penal en su contra.

El documento da cuenta de los riesgos que corren y los ataques de los que son objeto los activistas de derechos humanos en el país centroamericano.

El documento, que abarca el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de abril de 2019, señala que las personas y organizaciones defensoras continúan enfrentando múltiples amenazas que varían en función de las diversas cuestiones de derechos humanos que defienden o de su identidad, como es el caso de los pueblos indígenas, las mujeres o las personas LGBTIQ.

Pese a su papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho en Guatemala, los activistas de derechos humanos sufren agresiones de parte de actores estatales y no estatales que buscan disuadirlos de continuar con su labor.

El informe describe los peligros específicos y numerosos que enfrentan ciertos grupos de personas, entre los que se cuentan los pueblos indígenas; las mujeres defensoras; las personas defensoras LGBTIQ; los periodistas; los jueces y abogados independientes; y los activistas que defienden los derechos de víctimas del conflicto armado interno.

Debilidades institucionales

De acuerdo con los autores del estudio, existen varios factores estructurales que perpetúan los obstáculos a la defensa de los derechos humanos en Guatemala: la estigmatización y los prejuicios contra los activistas y las garantías fundamentales en general; la falta de seguridad en la tenencia o propiedad de las tierras, los territorios y los recursos naturales; la corrupción e impunidad; y la violencia, incluyendo la de carácter político en el contexto electoral.

“Las debilidades institucionales representan un factor transversal que limita la superación de los problemas estructurales e impide garantizar una respuesta efectiva del Estado”, apunta el documento.

Argumenta que los ataques contra personas defensoras tienen impactos negativos en las esferas individual, familiar y colectiva, sobre todo en el caso de los pueblos indígenas, dando como resultado el silenciamiento y la paralización de su trabajo.