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Las autoridades colombianas deberían reformar su forma de gestionar las protestas para evitar más pérdidas de vidas y más personas heridas como ha sucedido durante las manifestaciones masivas que tuvieron lugar a partir de abril de este año en el contexto del Paro Nacional, dice la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en un documento publicado hoy sobre las lecciones aprendidas del Paro.

Las protestas masivas del Paro Nacional, que empezaron el 28 de abril y continuaron en todo el país durante semanas, ocurrieron en un contexto prevalente de profundas desigualdades económicas y sociales, muchas de las cuales se agudizaron durante la pandemia del Covid-19.

Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76% de las víctimas murieron por heridas de bala.

Según la información recopilada y analizada por la Oficina*, existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Actores no estatales habrían matado a 10 personas, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho personas.

El informe documenta varias instancias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía, especialmente miembros del ESMAD, para dispersar protestas pacíficas y bloqueos. Asimismo, reporta sobre individuos armados que atacaron y dispararon contra manifestantes, sin que las fuerzas de seguridad intervinieran.

El documento resalta la importancia de que los agentes de las fuerzas de seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación a la hora de controlar las manifestaciones y de que las armas de fuego sólo deben ser utilizadas como último recurso ante una amenaza inminente para la vida o de lesiones graves. Además, recalca que el uso de armas de fuego para dispersar de forma indiscriminada una protesta siempre es ilegal, que no son apropiadas para el control policial de manifestaciones y que no deben usarse nunca para dispersar una manifestación.

Otros incidentes detallados en el documento demuestran un uso inapropiado e indiscriminado de armas menos letales por parte de la policía, en violación de los estándares internacionales.

Todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes. El Estado debe garantizar también el derecho de las víctimas a una reparación integral. Las medidas tomadas por las autoridades para investigar y perseguir penalmente estos abusos son bienvenidas, dice el informe.

El documento destaca la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y a la seguridad personal, sin discriminación, y la obligación de facilitar el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Basándose en el análisis realizado por la Oficina, el informe afirma que el Estado colombiano no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en numerosas ocasiones.

El documento también reporta sobre 60 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por la policía, de los cuales la Oficina pudo verificar 16 hasta la fecha.

También es de preocupación el grado de criminalización y estigmatización de los manifestantes, incluso por parte de medios de comunicación relacionándolos con actos vandálicos o incluso alegando actos de terrorismo. Asimismo, el informe expresa preocupación por agresiones contra defensores de derechos humanos en el contexto de las protestas y contra periodistas que documentaron los acontecimientos.

El documento también reporta sobre actos de violencia y daños por parte de algunos manifestantes y otros individuos, que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha condenado consistentemente. Sin embargo, el documento concluye que la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas y que cuando las autoridades recurrieron al diálogo en lugar de la fuerza para interactuar con los manifestantes e incluyeron a los defensores de derechos humanos en las decisiones relacionadas con las protestas, resultó en una clara disminución de las tensiones y contribuyó a prevenir la violencia.

El documento detalla algunas áreas en las que las investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos han avanzado y saluda la declaración del Gobierno de cero tolerancia ante las violaciones por parte de las fuerzas de seguridad.

El documento presenta las lecciones aprendidas sobre el manejo de las protestas y, entre sus recomendaciones, insta a las autoridades colombianas a tomar las medidas necesarias para garantizar que las instituciones encargadas de gestionar las protestas, en particular la Policía Nacional, sólo recurran a la dispersión de manifestantes en estricto cumplimiento con las normas internacionales de derechos humanos. Tomando nota de las propuestas de reforma del Gobierno, la Oficina recomienda el desarrollo de un amplio debate nacional sobre la reforma de la policía, incluyendo la posibilidad de transferir la policía del Ministerio de Defensa a una autoridad civil, y mejorar los mecanismos internos de supervisión y rendición de cuentas. El objetivo de dichas reformas debería ser garantizar el goce efectivo del derecho de reunión pacífica en Colombia.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también recomienda – además de garantizar justicia – medidas de reparación individual y colectiva para honrar la memoria y la vida de las víctimas, garantizar la no repetición al reconocer lo sucedido y apoyar adecuadamente a las personas afectadas por las violaciones y la violencia ejercida durante las protestas y que buscan reconstruir sus vidas.