RDS/Staff

Hoy se cumplen 12 semanas de la violenta incursión de la Policía Estatal dentro del campus de la Universidad de las Américas Puebla, para apoderarse de una institución privada, bajo la impune apariencia de una normalidad que vulnera la legalidad y el Estado de Derecho. 

En estos 85 días, un patronato espurio, impuesto por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, que responde a las órdenes del Gobernador Miguel Barbosa, violentó suspensiones de amparo vigentes para intervenir de forma ilícita en la UDLAP. 

Este atropello ha sido enérgicamente condenado por la comunidad estudiantil y académica; trabajadores administrativos, exalumnos, intelectuales de todo el país y asociaciones de prestigio incuestionable como la ANUIES. 

En tanto, con pruebas contundentes, se acreditan violaciones a los Derechos Humanos en detrimento de integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, entre las que se destacan los siguientes: 

• Tras una exhaustiva investigación, en mayo de 2018 la entonces Procuraduría General de la República acordó el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.
• La Fiscalía General de la República revocó de manera ilícita esta determinación, evitando que jueces federales conocieran la exoneración alcanzada en 2018, violando los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Estos hechos documentados significan un terrible agravio al Estado de Derecho que ha derivado en un doble juzgamiento con diversas órdenes de aprehensión, viciadas de origen que desconocen la categoría de cosa juzgada y determinada por la propia Fiscalía, hace más de 3 años.
• El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ha instruido la fabricación de varias órdenes de aprehensión sin pruebas, a través del dominio que ejerce sobre jueces estatales.
• Desde julio se ha evadido el cumplimiento de una suspensión de amparo vigente, otorgada desde el Poder Judicial de la Federación, que obliga la inmediata devolución del Campus de la UDLAP.

La Fundación Mary Street Jenkins mantendrá la lucha por el respeto a sus derechos y exige al Gobierno del Estado de Puebla que desista en su intento de apropiación ilícita sobre un patrimonio privado, que afecta a más de 10 mil alumnos poblanos y de todos los rincones del país.