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Los ciudadanos esperan que el dinero de la UE ayude a superar los efectos negativos de la COVID-19, pero dudan de la capacidad de sus gobiernos para utilizarlos adecuadamente

La lucha contra el cambio climático, principal prioridad para casi la mitad de europeos y españoles, por delante de la salud pública y la economía

La mayoría cree que la UE ha jugado un papel clave en la adquisición de las vacunas y considera que el certificado COVID es lo más seguro para viajar por Europa en pandemia

Cuatro de cada cinco encuestados en el último Eurobarómetro creen que la UE sólo debería destinar fondos a Estados miembros que cumplan con los valores democráticos y el Estado de derecho.

El Eurobarómetro publicado este viernes por el Parlamento Europeo, en vísperas del debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU) del 15 de septiembre, constata que la ciudadanía europea considera que la UE sólo debería proporcionar fondos a los Estados miembros condicionados al respeto al Estado de derecho y los principios democráticos. En concreto, un 84% de los encuestados españoles se muestra de acuerdo, una cifra uniforme en todo el territorio de la UE, donde la media de respaldo a esta medida es del 81%.

El respeto al Estado de derecho es una de las principales preocupaciones para la Eurocámara, como defiende el presidente Sassoli en declaraciones tras conocer los datos de la encuesta: “El Parlamento Europeo ha dejado claro que los fondos de recuperación de la Unión Europea no deben llegar a Gobiernos que no respeten los valores democráticos fundamentales o que no defiendan el Estado de derecho”, ha manifestado. “Quienes socavan sistemáticamente los valores de la UE no deberían esperar fondos europeos”, ha concluido David Sassoli.

Fondos europeos

En esta línea, el Eurobarómetro también revela un claro apoyo por parte de los ciudadanos a la transparencia y el control efectivo de los fondos desembolsados en el marco de NextGenerationEU. Según la encuesta, el 88% de los ciudadanos españoles está de acuerdo en que se controlen (85% de media en la UE). El Parlamento está inmerso en la revisión de los planes nacionales junto con la Comisión Europea para garantizar que se utilicen en consonancia con los objetivos de una Europa más verde, digital y resiliente.

Además, también respecto a los fondos NextGenerationEU, tres de cada cinco ciudadanos europeos (el 64% en el caso de los españoles) creen que ayudarán a su país a superar los efectos de la crisis de la COVID-19, y el 61% de los españoles cree que serán beneficiosos para afrontar retos futuros (el 59% en el caso de la media europea).

No obstante, los resultados del Eurobarómetro sugieren que hay preocupación en algunos países de la UE sobre el uso real que los gobiernos nacionales harán de estos fondos. Mientras que una media del 45% de los europeos confía en sus administraciones nacionales, el 41% de los encuestados expresa sus dudas, lo que refleja importantes diferencias entre países. En España, ese porcentaje de desconfianza se eleva al 49%, frente a un 40% de los españoles que sí confía en la buena gestión de los fondos por parte del Gobierno. En países como Luxemburgo o Dinamarca, tan sólo el 16% y el 18%, respectivamente, duda sobre las capacidades de su gobierno nacional.

Cambio de prioridades políticas

En lo que respecta a las prioridades políticas que debería abordar el Parlamento Europeo, se aprecia un cambio de tendencia respecto al anterior Eurobarómetro, donde la salud pública se situaba a la cabeza de las preocupaciones de los ciudadanos tanto europeos como españoles (hasta el 68% en España la colocaba como principal prioridad).

En esta ocasión, los encuestados apuntan en primer lugar a la lucha contra el cambio climático, respaldada por un 43%, tanto de los españoles como de la media europea. En el caso nacional, la preocupación por el cambio climático se encuentra empatada con la lucha contra el desempleo, que ya ocupaba el segundo lugar en el Eurobarómetro de primavera en el caso de España y el tercero en la media europea (ahora cae a la cuarta posición en los Veintisiete, con el 31%).

La otra gran preocupación recogida en el Eurobarómetro coincide con las prioridades del Parlamento para la recuperación tras la pandemia, como es la lucha contra la pobreza y la exclusión social (38% en el caso español, 32% en la media europea). El combate contra el terrorismo también es señalado como prioridad para el 31% de los ciudadanos de la UE (lo que lo sitúa en tercera posición, igualado con la lucha contra el desempleo), mientras que ese porcentaje desciende al 24% en el caso de los españoles (situado, por tanto, en quinta posición, la misma que la migración y el asilo).

La salud pública no desaparece como inquietud, pero cae al quinto puesto a nivel europeo (el 27% cree que debe ser una prioridad), el cuarto en el caso de España (35%).

Cabe destacar que los ciudadanos de Hungría y Polonia sitúan la democracia y el Estado de Derecho, que en la media de la UE ocupa la octava posición, entre sus principales prioridades para el Parlamento (la segunda en Polonia y la tercera en Hungría).

La estrategia de vacunación y el certificado COVID

Los resultados del Eurobarómetro también recogen que el 64% de los europeos cree que la UE ha jugado un papel clave para asegurar que los países tengan acceso a la vacuna contra la COVID-19, una cifra que en España se eleva al 78%. Además, las respuestas de los encuestados también sugieren una percepción positiva del certificado COVID: el 65% de los ciudadanos de la UE cree que el certificado es la forma más segura de viajar por Europa durante la pandemia, una cifra que en España se eleva al 73% de los encuestados.

Asimismo, el porcentaje de encuestados que tiene una imagen positiva de la UE ha experimentado un crecimiento respecto a la anterior encuesta: en el caso de España, ha pasado del 46% al 57%, mientras que la media europea crece desde el 48% hasta el 53%.

Contexto

Este “Eurobarómetro Flash” fue realizado para el Parlamento Europeo por Ipsos European Public Affairs entre el 17 y el 25 de agosto de 2021, en línea, con 26.459 encuestados mayores de 15 años, en los 27 Estados miembros. El tamaño de la muestra por país fue de 500 entrevistas en Luxemburgo, Chipre, Malta y 1000 entrevistas en todos los demás países de la UE.