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Los ancianos están sufriendo mayor violencia, abusos y abandono desde que comenzó la pandemia de COVID-19, aseveró la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas de edad.

En coincidencia con el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, por celebrarse mañana martes como cada 15 de junio, Claudia Mahler señaló que las actitudes arraigadas contra la edad que de por sí sufría ese colectivo se han agudizado durante la emergencia sanitaria, socavando la autonomía de las personas mayores para tomar sus decisiones.

“Los informes angustiosos de los hogares de ancianos en diferentes partes del mundo han mostrado abandono, aislamiento y falta de servicios adecuados, como los de salud, sociales y legales”, dijo Mahler en un comunicado.

Las medidas de confinamiento para controlar el coronavirus han dado lugar a un aumento de la violencia de género, el abuso y la negligencia de las personas mayores que viven con familiares y cuidadores.

Poca atención

A pesar de la alarma generalizada por esta situación, el desafío de buscar soluciones efectivas ha recibido poca atención, lamentó la experta de la ONU.

“Se informaron algunas prácticas preocupantes, ya que ciertos hogares de ancianos recibieron inmunidad de responsabilidad civil por muertes relacionadas con el COVID-19 y establecieron cláusulas contractuales que renuncian al derecho a presentar un caso judicial, haciendo que el arbitraje sea la única opción para abordar un presunto abuso o maltrato”, explicó.

En otros lugares, las personas mayores y sus familias expresaron desesperación y frustración por la falta de transparencia y capacidad de respuesta a las quejas planteadas a los proveedores de servicios de atención a personas mayores.

La dignidad no tiene fecha de caducidad

La experta subrayó que estos factores impiden a los ancianos acceder “a la justicia y a un recurso legal efectivo”, y recordó que la dignidad y los derechos de las personas mayores “no tienen fecha de caducidad”.

Agregó que el acceso a la justicia incluye el derecho a un juicio justo, igualdad de acceso a los tribunales y recursos legales justos y oportunos para las violaciones de derechos humanos.

Mahler indicó que la falta de información y análisis detallados limita la posibilidad de revelar patrones de abuso, además de que propicia las lagunas que hay en las acciones emprendidas para evitar esos atropellos.

Esa falta de registro también impide identificar qué medidas concretas hacen falta para brindar una protección adecuada a las personas mayores , añadió.

Instrumento internacional vinculante

Recalcó que las personas mayores no deben quedarse atrás en la búsqueda de reparación y recursos, e instó a los Estados a “adoptar un instrumento internacional vinculante de derechos humanos, así como leyes y medidas nacionales, para garantizar el acceso a la justicia de las personas mayores con respeto pleno a su autonomía”.

Dicho instrumento debería abarcar la prestación de asistencia jurídica, servicios de asesoramiento y apoyo, formatos apropiados para la edad de información sobre derechos y mecanismos de denuncia, y una mejor accesibilidad, concluyó Mahler.